Frente a la barbarie

El desenlace era previsible. Arabia Saudí ha ofrecido una explicación plausible, aunque poco creíble, del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en la cual alega que en el consulado saudí en Estambul hubo una riña y se les pasó la mano cuando intentaron someterlo los del equipo de seguridad saudí especialmente enviados a Turquía para entrevistarlo.

Entre mentiras, contradicciones y silencios, los saudíes han anunciado el arresto de 18 ciudadanos, el despido de cinco funcionarios de alto nivel –entre ellos, un asesor real y el número dos de los servicios de inteligencia– y la continuación de la investigación de los hechos que supervisará el príncipe Mohamed bin Salman, el principal sospechoso de estar implicado en el crimen.

Obviamente, Donald Trump ha dicho que la explicación es creíble y un buen “primer paso” para reanudar la alianza entre Estados Unidos y los saudíes. Un contubernio que ha sobrevivido por décadas, a pesar de que los autores del atentado terrorista del 11 de septiembre eran saudíes y Osama bin Laden había estado directamente conectado con la familia real. El reino no solo ha sido el principal aliado en la lucha contra el Estado Islámico, Irán y otros adversarios, sino un importante socio comercial.

En qué términos se reconstruirá la alianza después de este horrendo incidente va a depender de la reacción del Congreso estadounidense a la estrategia de control de daños del reino, al informe de los servicios de inteligencia norteamericanos, a la presión que los medios independientes ejerzan sobre la autoridad y a la reaparición de una opinión pública que se niega a ser aliada de un régimen que tortura y mata a sus opositores y persigue a las mujeres que luchan por sus derechos.

La brutalidad del asesinato del periodista, que vivía en Virginia y era colaborador de The Washington Post, en el propio consulado de una nación aliada, ha replanteado en Estados Unidos el viejo debate sobre quién debe decidir los principios que guían la política exterior del país y quién debe formular los elementos que conforman el ‘interés nacional’. Si la soberanía nacional reside en el pueblo, ¿no debería ser el pueblo el que define el interés nacional?

Cuando el interés nacional lo exige, se debe pactar hasta con el diablo, dice una vieja interpretación de la política exterior basada en la llamada defensa de los intereses nacionales. Pero, como bien nos enseñó la guerra de Vietnam, la opinión pública puede redefinirlo con base en los principios y valores de la nación.

Si el Gobierno de Canadá pudo expresar su alarma por la detención ilegal de un defensor de los derechos humanos pariente de una familia residente en Canadá, e instar al Gobierno saudí a liberar a las mujeres activistas sin temor a las represalias, ¿por qué Estados Unidos no puede hacer lo mismo?

La condena casi universal al asesinato de Khashoggi es inusual, en tanto que un nutrido grupo de empresas globales y gobiernos amigos decidieron boicotear un importante foro empresarial que se llevará a cabo en Riad esta semana.

También ha sido sorprendente la decisión del Gobierno turco de hacer públicos, gota a gota, los detalles del macabro tormento de Khashoggi. Los expertos en la política del área lo explican como un chantaje para obtener dinero de los saudíes y concesiones de Trump. El silencio tiene precio.

Viendo el futuro inmediato, lo que la opinión pública norteamericana debe sopesar es si la definición del interés nacional debe responder a los intereses ideológicos de Trump y su partido o afirmar la voluntad de los ciudadanos. En las relaciones internacionales no todo es dinero y ejércitos. Si los valores y las normas de un país no sirven de guía para formular políticas, entonces no sirven para nada.

SERGIO MUÑOZ BATA