Informalidad y propuestas electorales

Todo el mundo reconoce que la informalidad es uno de los principales problemas del mercado de trabajo colombiano. Los economistas identifican una estrecha relación entre ella y la productividad, que cobra particular importancia porque, a su turno, el incremento de la productividad acelera el crecimiento económico y es fuente de empleo decente.

Lo que genera disputa entre los economistas es la causalidad existente entre las dos variables. Unos sostienen que la informalidad es la causa de la baja productividad, mientras que otros afirman exactamente lo contrario: que la baja productividad de los trabajadores y de las empresas es la principal causa de la informalidad.

Ambas relaciones son ciertas, pero implican iniciativas de política diferentes. Por ejemplo, para la Misión de Empleo predomina la relación que ve la informalidad como causa de la baja productividad y por eso propone una reducción importante de los sobrecostos a la nómina, lo cual, junto con las mejoras propuestas en materia de capacitación y de fortalecimiento de la acción fiscalizadora del Estado, tendrá el “efecto de reducir el desempleo y el empleo por cuenta propia y en microempresas y de facilitar el empleo en empresas formales de mayor tamaño y productividad”.

El problema con estas iniciativas es que no son bien vistas por los trabajadores, con el agravante de que traen pocas ganancias en términos de reducción de la informalidad. Esto se deduce, por ejemplo, de un reciente informe sobre Colombia elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en el que, al revisar las evaluaciones disponibles sobre el impacto conseguido por la reforma tributaria de 2012 –que redujo los costos extrasalariales en 13,5 por ciento–, se reconoce que “conllevó una reducción de entre 2 y 4 puntos porcentuales de la tasa de informalidad”. Siendo la tasa de informalidad nacional de cerca el 60 por ciento de los ocupados, la mencionada reforma, en los mejores de los casos, solo contribuyó en reducirla en poco más de un 6 por ciento.

Entonces, ¿cómo podemos reducir el grueso de la informalidad en Colombia? Pues, reconociendo que existe otra relación de causalidad, la que sostiene que la informalidad tiene origen preponderantemente en la baja productividad de los trabajadores y de las empresas y que esta se mejora principalmente a través de la inversión en capital físico y humano.

Nuevamente la Ocde nos da indicaciones al respecto. Según el mencionado informe, para aumentar la productividad y así disminuir la informalidad habría que mejorar la calidad de la educación y de la formación de la fuerza de trabajo. Asimismo, habría que aumentar la inversión en infraestructura y logística que presentan debilidades en puertos, aeropuertos, comunicaciones, carreteras y ferrocarriles, y desarrollar el transporte intermodal (ferrocarril-carretera). Intensificar la competencia en los mercados y simplificar y transparentar las políticas regulatorias de los mercados de productos. Aumentar la participación en el comercio internacional, donde apenas “las exportaciones representan el 15 % del PIB, ligeramente por debajo del nivel registrado hace 50 años”, con una mayor diversidad de productos vendidos. Fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción también es importante para aumentar la productividad. Según la Ocde, en este campo hay un margen de maniobra en una amplia gama de ámbitos, “entre los que se incluyen la contratación pública, la protección de los denunciantes, la regulación del financiamiento de campañas, los grupos de presión y la aplicación de la ley, que incluye el funcionamiento del sistema judicial”.

Sería útil que los candidatos presidenciales no se conformen con el solo informe de la Misión de Empleo para elaborar sus programas de gobierno en materia de lucha a la informalidad.

STEFANO FARNÉ

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