Suenan las alarmas

El sonido de una alarma siempre anuncia la proximidad de un peligro. En tiempos de guerra, es la señal que desata el pánico ante la inminente caída de un misil, portador de muerte y destrucción. En Colombia, aunque distantes de una guerra convencional, hoy experimentamos un asedio constante a nuestras consolidadas instituciones y a la estructura del Estado, erigidas con esfuerzo, satisfacciones y, en ocasiones con dolor, a lo largo de los siglos.

Desde el poder Ejecutivo se han emprendido acciones que están ocasionando graves daños, algunos irreparables. Gustavo Petro, en su discurso de posesión, prometió unir a la nación con adornadas palabras, entre ellas: “Tenemos que poner fin a la división que nos enfrenta como pueblo”. Sin embargo, desde su llegada al poder y utilizando su investidura, promueve la polarización. Sus actos oficiales, mensajes diarios en redes sociales e intervenciones públicas han radicalizado la división entre los colombianos y exacerbado las confrontaciones.

Hay tres asuntos principales que preocupan a la ciudadanía y han encendido las alarmas en el país. El primero es el intento de socavar las demás ramas del poder público, situación alarmante en cualquier democracia porque se quebranta la división de poderes. La presión ejercida sobre la Corte Suprema de Justicia durante el proceso de elección de fiscal que llegó a generar temores de un nuevo asalto sangriento al Palacio de Justicia y la hostilidad constante hacia las decisiones de la Procuraduría y la Fiscalía, son evidencias alarmantes. Igualmente preocupante es el continuo conflicto con el Congreso de la República respecto al trámite de sus reformas. Y la tensión nacional alcanzó su punto álgido cuando Petro propuso un “proceso constituyente”, al margen de la Constitución.

La seguridad y el orden público conforman otro tema crítico. En su afán por materializar lo que llamó la “paz total”, Petro ha sido tolerante hacia el fortalecimiento de organizaciones al margen de la ley, todas vinculadas al narcotráfico. Y a través de diálogos estancados desde el inicio, concertó el cese del fuego “bilateral” solo respetado por la Fuerza Pública, debilitando así la capacidad operativa del Ejército y la Policía. Hoy, los criminales no solo se han fortalecido, sino que además cuentan con ventajas territoriales y hasta políticas; inclusive, han expresado abiertamente su apoyo a las pretensiones caudillistas de Petro.

Un tercero, no menos importante, es la desarticulación del sistema de salud que representa un ataque a la conquista social más grande de Colombia en las últimas cinco décadas. Dominado por su terquedad ideológica y una aversión hacia el sector privado, Petro ha implementado medidas directas que han precipitado la “crisis explícita” anunciada por su exministra Corcho, y quiere establecer un “modelo preventivo” obsoleto y fracasado, siguiendo los caminos de Cuba y Venezuela. La intención de eliminar las EPS, aunque fracasó en el Congreso, ha avanzado mediante decisiones istrativas irregulares y una asfixia económica sistemática, porque no les giran los recursos a tiempo ni les aumentan la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que caprichosamente después reconoció el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ante la Corte Constitucional. Y con la intervención de Sanitas, la más importante de las privadas, y de la Nueva EPS para sacar de su junta directiva a las cajas de compensación y dejarla cien por ciento estatal para manejar sus recursos, todo marcha hacia el abismo.

Ante el caos generado, es crucial que los líderes de la oposición, más allá de partidismos e intereses políticos, reconozcan la urgencia de unirse y de unir a la nación contra las pretensiones de Petro de perpetuarse en el poder. Hay que actuar. Las marchas no solucionan el problema, pero muestran una expresión ciudadana y la fortaleza de un pueblo decidido a defender la democracia y las libertades, hoy peligrosamente amenazadas. Las alarmas están sonando.