Transición circular en Colombia

En Colombia, el avance hacia la economía circular está acompañado de un notable dinamismo regulatorio. En el último año se reglamentó la ley de plásticos de un solo uso (Ley 2232 de 2022) con la Resolución 803 de 2024, el servicio público de aseo avanza con su estrategia Basura Cero y ahora se discute la aprobación del proyecto de ley n.o 458 de 2024 Cámara —acumulado con los proyectos de ley 021 de 2023 Senado y 085 de 2023 Senado—. Esta nueva propuesta legislativa representa una oportunidad relevante para seguir consolidando la transición hacia la economía circular, con planteamientos valiosos; sin embargo, también plantea riesgos asociados a una posible sobrerreglamentación y a la falta de articulación con normativas y procesos ya vigentes. Por esto es fundamental revisar cuidadosamente su alcance e implementación.

(Le puede interesar: La biodiversidad abre paso a la equidad).

La iniciativa promueve la gestión integral de residuos sólidos y prioriza la prevención, reducción, reutilización y el aprovechamiento de bienes y productos, así como el consumo y la producción responsables. Pero lo que realmente determinará su impacto transformador no es el texto en sí, sino su puesta en marcha. De ahí la importancia de contar con una implementación rigurosa y técnicamente sólida que traduzca el articulado en resultados medibles y sostenibles.

Para dimensionar su relevancia, basta con observar las cifras. Según el estudio ‘El pulso de la economía circular en Colombia’, elaborado por Cempre con el acompañamiento de la Cepal, en 2022 el reciclaje generó un valor agregado de 3,8 billones de pesos, equivalentes al 0,22 por ciento del PIB. Ese año, la tasa de aprovechamiento de residuos sólidos y productos residuales alcanzó el 56 por ciento, frente al 47 por ciento en 2012 (Dane, 2024). El crecimiento también se refleja en el empleo: se generaron cerca de 115.000 empleos verdes, con una proyección de aumento del 2,9 por ciento hacia 2030.

Desde el sector industrial, los avances también son claros. La reincorporación de productos residuales y residuos a la industria como consumo intermedio ha crecido un 230 por ciento desde 2014. Esto ha sido posible gracias a mejoras en infraestructura, tecnología, políticas públicas e inversión privada. No obstante, persisten desafíos como la informalidad, la baja capacidad institucional en territorios fuera de las grandes ciudades y la débil articulación normativa.

Dado el potencial transformador de esta ley, desde Cempre presentamos una proposición modificatoria a este proyecto, en la que se destacan los siguientes artículos:

Artículo 14: garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil con solvencia técnica en los procesos de toma de decisiones.

Artículo 30: establecer metas de reutilización soportadas en datos verificables, análisis de ciclo de vida y pilotos en condiciones reales, priorizando casos donde se demuestre un mayor beneficio ambiental frente al reciclaje. Estas metas deberán valorar su impacto en las metas nacionales del sector de aprovechamiento.

Artículo 34: permitir que actores con experiencia acreditada en economía circular puedan emitir certificados técnicos, bajo lineamientos del Singirs (Sistema Nacional de Información para la Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el respaldo de una entidad como Icontec. Esto permitiría mayor trazabilidad, neutralidad técnica y armonización con normas NTC e ISO.

Artículo 43: promover la eficiencia como principio rector en la articulación entre el servicio público de aseo y la responsabilidad extendida del productor (REP), para evitar duplicidades, reducir costos y mejorar el servicio a la ciudadanía.

En Colombia, la implementación de medidas para reducir el consumo de plásticos, materiales de construcción, metales y combustibles fósiles a través de estrategias como la responsabilidad extendida del productor (REP) podría incrementar en un 3,2 por ciento el PIB y generar un aumento de 2,9 por ciento en el empleo en 2030, de acuerdo con cálculos de la Cepal. Pero para lograrlo, la ley debe articularse con la realidad productiva del país y avanzar de forma progresiva. Se necesita incorporar evidencia, escuchar al sector empresarial, reconocer lo que ya funciona y diseñar instrumentos que se ajusten a distintos contextos territoriales.

Apoyamos el espíritu del proyecto, pero advertimos que una transición circular no puede imponerse de forma abrupta. Requiere articulación multisectorial, ciudadanía informada y una implementación escalonada, basada en datos y soluciones reales. Estamos listos para contribuir con modelos y evidencias que aceleren esta transformación urgente, justa y necesaria.