Una conversación franca sobre peajes e infraestructura vial

Entender cómo se financia la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura para el transporte en Colombia facilita este franco y necesario diálogo entre el Estado y la ciudadanía sobre algunos peajes del país donde existen situaciones de conflictividad social.

Es importante indicar que para materializar las grandes apuestas en infraestructura, el Estado cuenta con fuentes de financiación adicionales al Presupuesto General de la Nación. En el caso de las carreteras concesionadas, que conforman cerca de 8.000 kilómetros y soportan los principales corredores logísticos de importancia estratégica para Colombia, la mayoría son desarrolladas mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), las cuales se financian con los aportes del Estado y el recaudo de peajes que, desde el momento de su estructuración y construcción hasta su operación y mantenimiento, representan cientos de miles de millones de pesos en los que se fundamenta la red vial nacional y por ende el desarrollo con equidad del país.

Otros proyectos carreteros APP provienen de Iniciativas Privadas (IP), en los que la Nación no compromete recursos públicos, sino que se financian únicamente a través del recaudo de peajes. Es el caso, por ejemplo, de la concesión Vías del Nus en el nordeste de Antioquia, un corredor que se encuentra construido al 100 %, y que requiere de las comunidades, destacando que este diálogo social en el territorio ha sido constante y sostenido.

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hemos mantenido una conversación abierta con los habitantes, concertando la implementación de tarifas diferenciales para vehículos particulares y públicos de la zona Trapiche y Cabildo, cumpliendo con lo pactado, y, especialmente, explicando a las comunidades la importancia de esta fuente de financiación para la retribución de las obras ejecutadas, así como la operación y el mantenimiento de la vía.

En la práctica, no respetar este esquema, definido desde el modelo contractual para la ejecución y sostenibilidad financiera de estos corredores viales, puede generar costos altísimos para la nación, pues el Estado –con recursos de todos los colombianos– a través de compensaciones o por decisiones judiciales podría tener que reconocer a los concesionarios los valores que no se recaudaron.

La IP Vías del Nus es un buen ejemplo de ello. Debido al no recaudo del peaje Niquía, con corte marzo de 2023, por situaciones de orden social, un tribunal arbitral ordenó el pago de $ 67.878 millones al concesionario, y, a su vez, este ha presentado una nueva demanda arbitral por lo presuntamente dejado de percibir desde abril de 2023 a enero de 2024 por aproximadamente $ 57.000 millones. Para este mismo proyecto, el Estado ha tenido que girar $ 13.657 millones para compensar el pago de las tarifas diferenciales otorgadas a la comunidad. Todo esto como consecuencia del esquema contractual definido y en aras de honrar lo pactado.

Viendo el panorama general, la ANI tiene litigios activos por reclamaciones relacionadas con la instalación de peajes y/o aprobación de tarifas diferenciales con pretensiones que ascienden a varios billones de pesos, lo que generaría grandes efectos en las finanzas de la Nación, impactando la construcción de nueva infraestructura para el transporte.

No es saludable que, en situaciones como esta –en ocasiones impulsadas por intereses particulares y de actores políticos–, los recursos de los colombianos deban destinarse a subsanar el recaudo de los peajes, socavando la posibilidad de que sean invertidos en programas de bienestar social para la gente. Por eso, seguimos fortaleciendo mecanismos alternativos para la financiación y reiterando a las comunidades que solo de manera conjunta lograremos que más colombianos y colombianas se beneficien de más y mejores obras de infraestructura, creando condiciones de desarrollo, oportunidades y a los territorios.

FRANCISCO OSPINA RAMÍREZ

Presidente de la ANI