Una costosa alcaldada

No de otra forma podría calificarse el injustificado y violento ataque del alcalde Carlos Fernando Galán al proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la sabana de Bogotá, que reglamentan el artículo 61 de la Ley 99 de 1993. Sus argumentos en contra son básicamente falsos, pero lo grave es que no pocos los han calcado, basados, quizá, en el hecho de que hay que creerle al alcalde que tantos bogotanos apoyamos. Precisamente un grupo de ambientalistas nos adherimos públicamente a su candidatura a la alcaldía después de que él manifestara su acuerdo con un conjunto de objetivos para la protección ambiental de Bogotá y la Sabana, siendo uno de ellos su apoyo a la reglamentación de este artículo... obviamente, ya no le creemos.

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El artículo 61 de la Ley 99 de 1993 establece que en virtud de los excepcionales valores ecológicos de la Sabana y sus cerros circundantes su protección es de interés nacional. Este artículo encontró una cerrera oposición de los gremios de urbanizadores, de la minería y de la construcción a tal punto que casi logran hundir esta ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente y el sistema nacional ambiental. Conozco bien el caso pues este artículo lo redactamos conjuntamente con los ponentes de la ley, Claudia Blum y Luis Guillermo Sorzano Espinosa, y con el senador Julio César Turbay Quintero.

La motivación básica para hacerlo fue la de impedir que se continuaran destruyendo y deteriorando los valores ambientales, agroecológicos, hidrológicos y paisajísticos de una de las más excepcionales sabanas de altura a nivel mundial. Pero los opositores al artículo 61 arguyeron que con él se bloquearía el desarrollo de Bogotá y los municipios vecinos en virtud de que impediría la indispensable construcción de viviendas para atender su crecimiento poblacional, así como la construcción de vías y otras infraestructuras.

Los argumentos de hoy son los mismos de hace treinta años y los opositores son los mismos de entonces, no obstante el evidente incremento del deterioro de la Sabana como consecuencia de la urbanización dispersa, caótica y de baja densidad, sin miramiento alguno por los valores mencionados, y del hecho de que hoy su protección tiene aún mayor prioridad en virtud de la crisis ambiental por la que atraviesa el planeta y el país, que no era tan evidente en 1993. Basta con subrayar los eventos climáticos extremos que incluyen los períodos agudos de sequía, como el que condujo al actual racionamiento del agua en Bogotá.

Justamente uno de los principales argumentos del alcalde es que los lineamientos convierten el embalse de Chingaza en un humedal, lo cual le genera grandes interrogantes sobre la seguridad en el abastecimiento de agua de Bogotá toda vez que de este depende cerca del 80 % de su suministro. Esta visión es simplemente producto de la ignorancia: una represa creada por el hombre es un humedal artificial que presta innumerables servicios ecosistémicos, siendo en el caso del embalse de Chingaza la provisión del agua su servicio fundamental. El lineamiento exige que se proteja el páramo y las fuentes de agua de este humedal artificial, una tarea que hoy el Distrito hace mediocremente.

Otro argumento del alcalde es que con los lineamientos se amenaza la vivienda de 300.000 familias de Bogotá, pues declara como humedales los lugares donde se ubica, una falsedad extrema que quizá sea el producto de su errónea lectura. También arguye que no se podrán construir ni las viviendas ni las vías que requiere Bogotá. Otra falsedad. Bogotá cuenta con suelos declarados urbanizables por lo menos para los próximos diez años, y las vías a que hace referencia están incluidas en el POT que tiene vigencia hasta 2035.

Con la embestida en contra de los lineamientos es muy probable que se frustre este proyecto de alta prioridad para la región y el país. El perdedor sería el derecho constitucional de los ciudadanos a gozar de un medio ambiente sano. Carlos Fernando Galán también sería un perdedor: se coronaría como el peor alcalde de Bogotá en materia ambiental en su historia. ¿A qué o para quién juega el alcalde?