La trampa miliciana del Plan de Desarrollo

Abundan las evidencias de que en materia de orden público estamos asistiendo a la estrategia de desplazar a la Fuerza Pública de las funciones que le determina la Constitución para entregárselas en los territorios a las autodenominadas guardias indígenas, campesinas y cimarronas. A estas alturas, cuando hemos visto que el Gobierno acepta y legitima que estas guardias secuestren y desplacen a unidades completas de Ejército y Policía, tal como ha sucedido en Caquetá, en el Cauca, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca y el domingo, precisamente, en Jamundí (Valle del Cauca), ya nadie puede alegar que era que no sabía o no entendía.

No hay que darle más vueltas al asunto; estamos viviendo un verdadero proceso de milicianización del país, que si no lo atajamos nos conducirá a la destrucción de la democracia y a la desintegración nacional.

Hemos venido padeciendo como nación la inclemencia de todo tipo de organizaciones criminales que decidieron imponerse como verdaderas dictaduras a partir de las armas y la violencia que les facilitan las economías ilegales de todo tipo.

Los dineros del narcotráfico, de la minería ilegal, de la deforestación, de la trata de personas y de la captación de la contratación pública han dado para que estas organizaciones ejerzan un control territorial que desplaza la soberanía e impide el ejercicio de los derechos y las garantías.

Pero estamos a punto de dar un paso más. Estamos a punto de legalizar este proceso de milicianización que ha venido atacando a la sociedad.

El Gobierno ha decidido legalizar y promover las guardias indígenas, campesinas y cimarronas a través del Plan Nacional de Desarrollo. Decidieron convertir el Plan en el caballo de Troya para milicianizar el manejo del orden público en los territorios. En su artículo 8, bajo el título ‘Implementación de recomendaciones del informe final de la comisión para el esclarecimiento de la verdad’, señala que “las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades”.

Lo que se pretende es convertir en ley rectora de las políticas públicas para este cuatrienio las conclusiones a las que llegaron el padre De Roux y sus comisionados. Todo el que lea el informe de la Comisión y sus recomendaciones podrá entender que la comisión considera que las Fuerzas Militares y de Policía son asesinas y violatorias de los DD. HH. y que para poder establecer su “nueva concepción de seguridad en los territorios” es preciso entregarles el manejo de la seguridad a las guardias. Guardias que, como ya hemos visto, se convierten muy fácilmente en las milicias de organizaciones criminales para ejercer el control territorial y la dictadura sobre las poblaciones.

En el capítulo denominado ‘Seguridad para la ruralidad y zonas de frontera’ de las recomendaciones se plantea formular una nueva estrategia de seguridad que implica “reconocer las guardias comunitarias (…) como mecanismos autónomos de convivencia, protección y cuidado de las comunidades y de la naturaleza y las diferentes formas de autoprotección y cuidado de organizaciones y comunidades. Asimismo, se deben garantizar mecanismos de interlocución y diálogo entre estas y las instituciones encargadas de la seguridad y convivencia”.

La contradicción entre los mandatos de la Constitución que le confían la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional a las Fuerzas Militares y el mantenimiento de las condiciones de convivencia de los habitantes a la Policía Nacional y la tal “nueva estrategia de seguridad” de Petro y del padre De Roux no podría ser más abismal.

Estoy segura de que si llegase a ser aprobado este artículo la Corte Constitucional estrenará su competencia de suspensión provisional de la ley. Ley que no sería otra cosa que la victoria de la milicianización contra la democracia.

VIVIANE MORALES HOYOS

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