Calamidad humanitaria

Razón tiene Michelle Bachelet para estar preocupada por el desangre que se vive en Colombia y que al Gobierno parece resbalarle. Para la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es inaceptable que en 18 departamentos de nuestro país se hayan presentado, en lo que va del año, 66 masacres, que han dejado un vergonzoso saldo de 255 personas muertas. Y si esta cifra suena preocupante, la cosa se vuelve escalofriante al agregarle los 120 defensores de derechos humanos asesinados hasta ahora, en 2020.

En cualquier país medio normal, dicha información causaría estupor. Sin embargo, en el país de la Virgencita de Chiquinquirá y del Sagrado Corazón, estos datos empiezan a camuflarse en el paisaje desde el momento mismo en que las autoridades y los altos funcionarios del Gobierno buscan pretextos o justificaciones, en un vulgar intento de eludir sus responsabilidades; no solo en la falta de prevención de estos crímenes, sino en la búsqueda y castigo de los responsables.

En otras palabras, ¿qué garantías puede ofrecer un Estado donde los encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía se lavan las manos cada vez que hay una matanza, un atentado o un asesinato selectivo? ¿Qué se puede esperar de un gobierno que, como respuesta a la hecatombe humanitaria que empeora cada día, solo atina a señalar el espejo retrovisor? ¿Qué respeto inspira un Presidente que cree que todo se soluciona cambiando el sustantivo ‘masacre’ por “asesinato colectivo”?

Todas esas maniobras, urdidas por los funcionarios de este y otros gobiernos en distintos niveles, han contribuido de manera significativa a que “después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar”, como lo lamentó Bachelet.

Por supuesto, esa normalización de la violencia no es responsabilidad exclusiva de los políticos. No obstante, la indolencia generalizada ha crecido de la mano de influyentes figuras que han tratado de relativizar o minimizar las muertes ajenas; mancillando incluso la memoria de las víctimas. Para no ir muy lejos basta recordar cómo el tutor del actual inquilino de la Casa de Nariño trataba de justificar en 2008 el asesinato de decenas de muchachos humildes a manos del Ejército, cuando dijo: “Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate (...) no fueron a recoger café”.

Doce años después, los fieles discípulos del adalid de la seguridad democrática no se quedan atrás con las evasivas. Con la pequeña diferencia de que, cuando se cometen crímenes en contra de dirigentes sociales, líderes ambientales o excombatientes de la guerrilla, en vez de la recolección de café, los funcionarios de ahora hablan de líos de faldas o riñas entre vecinos, con la perversa intención de explicar lo inexplicable.

Lo más paradójico es que el Presidente en cuyo gobierno el país ha retrocedido décadas en materia de seguridad, y que no ha sido capaz de parar el derramamiento de sangre, es el mismo que la semana pasada, en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, daba cátedra sobre el tema.

Está muy bien que Iván Duque no esté dispuesto a guardar “silencio cómplice” ante el atropello de los derechos humanos en los países vecinos. Lo único malo es que no tiene autoridad moral para referirse a ese asunto.

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Colofón. El hecho de que Santa Fe y América terminen definiendo el campeonato del fútbol profesional, tanto en la liga masculina como en la femenina, habla muy bien de sus instituciones. Algo tienen que estar haciendo bien los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes de estos clubes para obtener tan buenos resultados. Como hincha azul, no puedo negar que siento envidia.

Vladdo