Hacía falta darles una dimensión humana a las cifras –aterradoras– de accidentalidad de motocicletas en Colombia. Un especial periodístico de este diario publicado el fin de semana mostró no solo los números sino las principales causas, y buscó algunas historias representativas del dolor que cada una de estas fatalidades deja en un núcleo familiar.
En promedio, son 14 las vidas que a diario, sí, a diario, se pierden en el país a causa de los accidentes de motos. El año pasado fallecieron más de 5.000 s de estos vehículos de dos ruedas, y de ellos, 785 eran mujeres. Colombia ya ocupa un deshonroso décimo lugar en la lista de países con más muertes por esta clase de accidentes.
Se trata de un verdadero problema de salud pública con repercusiones en muy diversos campos, desde lo que significa para el país que la mayoría de las víctimas sean personas entre los 18 y los 34 años hasta lo que implica para el sistema de salud el flujo constante y en aumento de heridos.
Lo que una moto significa en términos de progreso para alguien no puede ser óbice para fortalecer cuanto antes el control.
Esta realidad obedece a muchos factores. Los procesos de migración interna y crecimiento acelerado de las principales ciudades exigieron soluciones en materia de movilidad que no todas pudieron suplir a tiempo y con eficacia a través de sistemas de transporte masivo. Luego vino la posibilidad de acceder a vehículos de este tipo fabricados principalmente en China a precios módicos y con facilidades de crédito. Todo esto ha tenido como marco la debilidad institucional de un Estado que no ha sido efectivo en ejecutar políticas que minimicen los peligros derivados de la proliferación de motocicletas en las calles. Hoy podría incluso sugerirse la necesidad de una dependencia gubernamental de nivel nacional que se dedique únicamente a gestionar las motos.
Lo que un aparato de estos significa en términos de progreso económico y mejora de la calidad de vida de una persona –algo innegable– no puede ser óbice para fortalecer cuanto antes el control sobre el exceso de velocidad, el uso del casco, la conducción responsable y las posibles fallas técnico-mecánicas de las motocicletas. El tema de la capacitación previa a la expedición de licencias –como lo deja claro el especial– presenta incontables porosidades por las que se cuelan miles de conductores sin los conocimientos básicos para salir a las vías. Es cuando menos aterrador saber que más del 60 por ciento de estos vehículos circulan, campantes, sin Soat vigente.
Urgen nuevas reglas de juego para las licencias, introducir, por ejemplo, los permisos para primerizos con restricciones los primeros años. También, un exigente examen práctico antes de la expedición del pase y un sistema de sanciones por puntos para los infractores. Urge que las motos que se vendan en el país cuenten con frenos ABS/CBS para reducir caídas y choques. Está previsto que así sea a partir de junio. Igualmente, hay que abrir la discusión sobre hasta qué punto servicios de domicilios por aplicaciones, cuya promesa de valor radica en la brevedad de la entrega, crean condiciones para más accidentes.
El primer paso es entender que este problema no se limita a lo que pasa en las calles. Que exige autocrítica, normas eficaces y en ocasiones severas –por más impopulares que resulten– y fortaleza institucional para que no sean burladas. Hay muchas vidas de por medio.