Certificación y alerta

Como se esperaba, el gobierno del presidente Joe Biden ha certificado el compromiso del país con la que considera “una alianza estratégica y robusta” entre Washington y Bogotá. La Casa Blanca reconoce que Colombia “sigue colaborando para reducir la producción de cocaína, llevar a cabo operaciones de interceptación del contrabando de drogas y desmantelar las organizaciones delictivas”, si bien –como también se esperaba– ha lanzado una alerta sobre el exponencial crecimiento de los cultivos ilícitos en el territorio nacional.

La certificación antidrogas, que en otros tiempos fue utilizada como garrote por Washington, no solo representa un justo reconocimiento para el país, sino que garantiza que la ayuda norteamericana siga llegando. Ahora bien: Washington toca un punto que ya hace tiempo se ha estado discutiendo en el país sobre la decisión del gobierno Petro de casi dejar de lado el combate de los cultivos ilegales, con la justificación de que es atacando los puntos más altos de la cadena (algo que de hecho se ha venido haciendo históricamente, como lo demuestra la desarticulación de los grandes carteles) y no los más primarios –las siembras– como se logran mayores resultados en la lucha contra el narco.

Con esa lógica, los resultados del país en los últimos dos años en erradicación son los más bajos desde que se llevan mediciones. En el 2023 y los primeros ocho meses del 2024, la destrucción de narcocultivos no llegó a las 15.000 hectáreas. Consecuentemente, el año pasado se cerró, según información confirmada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con al menos 250.000 hectáreas de coca en el país, la cifra más alta registrada oficialmente.

Es cierto, sí, como lo reconoce la certificación, que los resultados en materia de incautación de cocaína han batido récords en la istración Petro. Las 746,3 toneladas arrebatadas a los narcos en 2023 y las 604,1 toneladas incautadas entre enero y agosto pasado (que proyectan un 2024 que de nuevo rompería registros en esa materia) demuestran el profesionalismo y compromiso de la Fuerza Pública y la Fiscalía en la lucha contra los grandes carteles.

Pero un factor que no puede dejarse de lado es que, desde hace al menos una década, año a año se ha venido incautando más alcaloide (entre 2020 y 2021 se dio el mayor salto, al pasar de 550,7 a 670 toneladas), situación que los expertos atribuyen, además de los esfuerzos de las autoridades, al simple hecho de que como hay más cultivos de coca hay también mayor producción de alcaloide.

La alerta que se enciende desde Washington se suma a las voces que desde Colombia han advertido que una estrategia integral contra el narcotráfico pasa por no descuidar las acciones en ninguno de los frentes. El mar de coca que se ve en algunas regiones del país no protege los intereses de esas comunidades que a causa de la pobreza y la ausencia de Estado han tenido que sobrevivir de las narcosiembras y el procesamiento primario de la base de coca. Por el contrario, las condena a vivir a merced de los grupos criminales –llámense guerrillas, narcos purasangre, disidencias o bandas emergentes– que se han lucrado y se siguen lucrando de la persistencia de los narcocultivos y de toda la cadena criminal que empieza con ellos.