Compra dudosa

Colombia acaba de reingresar al listado de países con más víctimas de minas antipersona, según registros revelados por la ONG Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres. Van 229 víctimas en los últimos tres años, en especial niños. Y mientras las cifras aumentan, y mueren o quedan amputados hasta los uniformados expertos en detectar estos artefactos, la fecha en la que el Gobierno se comprometió a que el país quedara libre de minas se aproxima: diciembre de 2025, según el Tratado de Ottawa. Esta es una tarea difícil y costosa que debe proseguir.

Por eso resulta de la mayor urgencia que el Ejército colombiano aclare si hubo o no irregularidades en la reciente adquisición de 342 detectores de minas antipersona por cerca de 8.700 millones de pesos. Más allá de la cifra, se trata de un tema que implica salvar vidas de civiles y de militares.

Luego de que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló las alertas sobre presuntas alteraciones de documentos y apostillas que llegaron desde Alemania y que fueron validados en el proceso licitatorio, el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó compulsar copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que se indaguen presuntas irregularidades. Y la Central istrativa y Contable de Ingenieros del Ejército (Cenac), que adjudicó el contrato, hizo lo propio luego de que el Comandante del Ejército ordenó una investigación interna.

Ya el Tribunal Regional de Stuttgart (Alemania) le respondió a EL TIEMPO que varios de los documentos apostillados que entregó el consorcio ganador no fueron emitidos por ellos. Y que sellos, fechas y firmas no coinciden con la traducción que fue subida a la plataforma oficial Secop II.

Pero hay otro punto que inquieta. Ya ha pasado más de un mes desde las primeras alertas y aún nadie ha explicado por qué en esta licitación no se hizo el protocolo de pruebas para que todos los proponentes pudieran constatar que los artefactos adquiridos detectan metal y el cableado que los grupos armados camuflan entre la maleza para activar estas trampas mortales.

La Procuraduría General le acaba de dar 5 días a la Cenac para que explique si se trata de errores de buena fe, subsanables en cualquier etapa del proceso, o si hay falsedad documental, como lo señalan denuncias en poder de la cartera de Defensa. Incluso se está conminando al traductor de los documentos.

La Fiscalía ya priorizó el caso, y en el Ministerio de Defensa ha sido asumido como un campanazo de alerta dentro de un terreno fangoso que incluye otro capítulo pendiente: el del desminado que hacen organizaciones civiles con multimillonarios recursos de la cooperación internacional, que deben ser auditados con lupa.

En la Cenac aseguran que la multinacional Vallon, fabricante de los detectores de minas, ya anunció que enviará los documentos correctos. La pregunta que surge es quién responderá “por los errores o no conformidades” que presentaron los otros documentos y, además, por qué pasaron sin problema los filtros de los comités de contratación, a pesar de las alertas. Por el bien de la institución y del país, urge que estos interrogantes tengan pronto respuesta satisfactoria. Y, de hallarse delitos, que la justicia sea eficaz y ejemplarizante.