Dominó fatal

Es paradójico, doloroso y ante todo muy preocupante constatar cómo la población más vulnerable es la que más comienza a sufrir por la crisis del sistema de salud.

Al desabastecimiento de medicamentos, que ha dado pie a largas y penosas filas frente a los centros de dispensación, se suma el cierre de servicios. De acuerdo con un estudio reciente de la unión de instituciones prestadoras de salud, en el último año se registraron 14.530 cierres temporales y 4.628 cierres definitivos de servicios. Es cierto que a la vez se han abierto otros nuevos; aun así, el déficit ronda los 5.000. Llaman la atención los casos de la Clínica de Occidente de Cali y la Clínica Roma de Bogotá, que en días pasados anunciaron el cierre de sus unidades de recién nacidos –justo es decir que algunos porque ha bajado la natalidad– y de urgencias, respectivamente.

El motivo más preocupante es bien conocido: la falta de recursos, la demora en los pagos de las EPS. Como ya se ha dicho, es verdad que el sistema que venía funcionando en Colombia adolecía de fallas que requerían atención urgente para garantizar su viabilidad y sobre todo cobertura en regiones. Pero la muy cuestionable decisión del Gobierno de trancar el flujo de recursos bajo argumentos de dudoso cuño y de evidente tinte político, algunos incluso revanchistas, está configurando un estado de cosas que raya con lo inhumano.

En lugar de actuar con voluntad política para poder prestar el mejor servicio posible con los recursos existentes, que debería ser el norte ético y moral del Ejecutivo frente a tan compleja situación, este ha optado por una postura que tiene a millones de s del sistema en ascuas. Modo de proceder que recuerda la desafortunada expresión del mandatario cuando habló de cómo sería de fácil generar en el sistema un efecto dominó utilizando la onomatopeya "shu, shu, shu". Bastaría con afectar uno de los eslabones de la cadena para que todo el sistema colapsara. Ahora soplan vientos de profecía autocumplida. En este caso, al parecer el eslabón fue la UPC, el valor que el Estado les paga a las EPS por cada .

En este frente y en medio de evasivas, el Ministerio de Salud aún no ha obedecido a cabalidad la orden de la Corte Constitucional de girar los recursos que necesita el sistema. Se trata de la adecuada financiación de la UPC de este año. Así estos sean insuficientes. De igual forma, hay que referirse al flaco favor que le hace a la necesaria transparencia que debe reinar en el manejo de un tema tan crítico la denuncia del periodista Daniel Coronell sobre presuntas presiones indebidas que estaría ejerciendo Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desde su cargo en la Superintendencia de Salud.

El Ejecutivo está a tiempo de reconsiderar su postura. La falta de medicamentos y la dificultad cada vez mayor para acceder a servicios, sobre todo en las zonas más apartadas –que son los primeros que cierran–, amenazan con producir una verdadera catástrofe. Parte del daño ya está hecho, pero todavía es posible cambiar los espejos retrovisores y la beligerancia por una actitud de diálogo y concertación, que es lo mínimo que se exige cuando el propósito es salvar millones de vidas, que están en peligro y claman soluciones urgentes.