Después del fallo

La nítida e inobjetable victoria de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya está llamada a ser el punto final del diferendo limítrofe con Nicaragua, por lo menos en cuanto a las pretensiones del país de Daniel Ortega y Rosario Murillo se refiere.

Propios y extraños, sobre todo conocedores de los intríngulis de este tribunal, destacaron que los jueces, en una votación de 13 a 4, no hayan concedido ninguna de las pretensiones de la nación centroamericana, que aspiraba a extender más allá de 200 millas náuticas su plataforma continental para así acceder a un subsuelo marino rico en depósitos de hidrocarburos. La decisión es también vital en el propósito de preservar la Reserva Área Marina Protegida Seaflower, toda vez que reafirma la plena soberanía de Colombia sobre ella.

Una vez conocido el fallo hubo unanimidad sobre lo positivo que es para Colombia. Voces de todas las orillas, comenzando por las de la totalidad de expresidentes, coincidieron en que era una muy buena noticia para el país, resultado de un esfuerzo de varios años y varios gobiernos. Así que es el momento de celebrar el éxito y mirar hacia adelante, en lugar de entrar en una mezquina repartición de méritos que ninguna utilidad tendría.

La moraleja es clara: cuando se identifica un propósito de Estado y se trabaja con constancia, construyendo sobre lo ya construido, la probabilidad de alcanzarlo aumenta exponencialmente. En lo que concierne al gobierno actual, hay que valorar la manera como el competente y calificado equipo de defensa que nombró el presidente Gustavo Petro mantuvo buena parte de la estrategia y de los argumentos de sus predecesores y le dio el impulso que resultó ser el definitivo a la defensa colombiana. Así mismo, hay que destacar el trabajo de los juristas que integraron el equipo anterior y que sentaron las bases de esta victoria en los gobiernos de Iván Duque y Juan Manuel Santos.

Corresponde ahora mirar hacia adelante. Con el fallo se puede pasar la página de las disputas por los límites ante la Corte de La Haya, pues en este frente ya no es factible esperar una nueva demanda nicaragüense, al haber denunciado Colombia el Pacto de Bogotá, que era el que le daba competencia a esta corte sobre diferendos limítrofes entre países de la Organización de Estados Americanos (OEA). Quedan atrás, así, casi dos décadas de disputas en el tribunal.

Ahora surgen dos frentes, ambos con la misma importancia y profundamente interrelacionados. Por un lado, para que se le pueda dar clausura definitiva al asunto es necesario que la diplomacia se emplee a fondo a fin de llegar a entendimientos con Nicaragua, sobre todo en aquellas cuestiones que involucran la cotidianidad de los raizales, en particular la pesca. Por las vías diplomáticas ha de ser prioritario iniciar un proceso de negociación con Managua para que se superen la tensión e incertidumbre que hoy viven los habitantes del archipiélago que transitan las aguas pendientes de ser delimitadas. Este último aspecto tiene que ser prioritario, recordando que cualquier tema que afecte los límites del país necesariamente debe pasar por el Congreso, tal y como lo establece la Constitución. Imposible, así mismo, pasar por alto el escándalo protagonizado por el embajador León Freddy Muñoz, quien con sus actos ha dejado claro que no es la persona idónea para tomar parte, dentro de los cánones diplomáticos y bajo el inquebrantable precepto de la defensa de los intereses nacionales, en semejante tarea tan compleja.

El segundo asunto, sin duda crítico, es el de la situación que hoy atraviesa el archipiélago. La merma del turismo –principal, casi único, renglón de su economía– por la quiebra de dos aerolíneas se suma a una compleja situación social en la que falta mucho por hacer en términos de salud, al agua y saneamiento. Ni hablar de los estragos que han causado el narcotráfico y en general el crimen organizado, que incluye a las mafias de trata de personas, así como la angustiante falta de oportunidades de la juventud isleña, además de los serios retos que enfrenta el departamento en materia poblacional y frente a la crisis climática. Es necesario concentrar todos los esfuerzos en una política de Estado que revitalice el turismo y garantice su sostenibilidad e intensificar las estrategias de seguridad para cuidar a sus habitantes y elevar el control en las fronteras.

El mensaje que deja el fallo de la Corte es contundente. Señala un camino que debe seguirse. La misma unidad de propósitos que rindió frutos para evitar que otro país se quedara con una invaluable porción de nuestro archipiélago debe ahora conducir a resolver los problemas tan profundos como urgentes que padece esta región del país. Se trata de darle sentido pleno y profundo a la soberanía, de la que hoy podemos decir, por fin, que está a salvo.

EDITORIAL