Cuidar a los líderes sociales

La “falta de concordancia” ante la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, sumada a la incapacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos, motivó a la Corte Constitucional a declarar el estado de cosas inconstitucional por la violencia, que no cesa, contra los líderes y las lideresas sociales en el país. Esta semana fueron asesinadas dos más: Tulia Carrillo, en Tame (Arauca), y Roxana Delgado, mujer trans de Barrancabermeja, cuyo cuerpo apareció con signos de asfixia mecánica en los cerros orientales de Bogotá.

Con estos dos casos lamentables ya serían 180 los asesinatos de líderes y lideresas –según el conteo de Indepaz– en 2023 y 1.588 desde la firma del acuerdo de paz con las Farc. El flagelo ha alcanzado unas dimensiones aterradoras, que la institucionalidad del país no logra detener.

Vale recordar que frente a situaciones similares en las que existe un riesgo latente de vulneración de derechos –comenzando por el de la vida– contra una población, el alto tribunal ha optado ya por esta figura. La seguridad de los firmantes del acuerdo de paz con las Farc, el hacinamiento en las cárceles, el desplazamiento forzado, la desnutrición en La Guajira y las demoras en el trámite de pensiones son algunos de los casos que han motivado tal declaratoria en el pasado. Según juristas, la figura tiene un impacto considerable a nivel político, es una eficaz manera de poner el asunto en la agenda del debate político. Apelando a un verbo de uso cada vez más frecuente: se pretende así que no se ‘normalice’ algo que por nada del mundo debe, dicho coloquialmente, convertirse en paisaje.

De igual forma, la declaratoria puede facilitar una conversación entre diferentes actores –sociedad civil, academia, Rama Legislativa– que enriquezca las políticas públicas a partir de una jurisprudencia, fruto de dicho diálogo.

Y se necesita porque muchas cosas cambian, comenzando por las prioridades de los gobiernos conforme se dan los relevos y el problema persiste. Este desafío pasa por el poder y el control territorial. Como se ha dicho en numerosas ocasiones, los líderes y las lideresas suelen ser personas valerosas que defienden el bien común de cara a fuerzas irregulares que necesitan imponer de manera violenta su propio orden social, aquel que favorece lo que sea que hagan –contrabando, narcotráfico, minería ilegal, acaparamiento de tierras– intentando saciar una codicia por naturaleza insaciable. Ocurre esto en territorios en los que por diferentes razones el Estado, o no hace presencia o la hace de una manera en la que no es posible garantizar derechos fundamentales de la ciudadanía.

Ante esta realidad es mucho lo que se puede hacer. Está lo concreto: mostrar un compromiso más decidido que se traduzca en acciones para implementar el acuerdo de paz. Es necesario, como lo dice la Corte, que la protección de los líderes amenazados tenga un enfoque diferencial étnico, de género, racial y cultural para que esta sea más efectiva. Para ello es fundamental una depuración profunda en la Unidad Nacional de Protección, entidad cuyo director, Augusto Rodríguez, cuenta con dos esquemas de seguridad en el interior de sus instalaciones por el riesgo que corre, debido a las decisiones que ha tomado con este fin. Esto da una idea del tamaño del reto. De igual forma, para la opinión es difícil de entender por qué los avances que ha tenido la política de paz del Gobierno no se han traducido en una reducción significativa de la muerte de líderes, toda vez que se han anunciado ceses del fuego, que en teoría deberían traer un alivio. Avanzar en la ‘paz total’ necesariamente debe traer consigo mejoras en la seguridad de quienes por defender a las comunidades están en la mira de los armados. Se requiere materializar un compromiso claro de estas organizaciones de cesar de forma inmediata su acoso contra estas personas.

En un plano más general, es necesario que este desafío trascienda la polarización. Termina siendo una revictimización, además de algo infame, que el asesinato de líderes se reduzca a carta en la confrontación política. Es fundamental la autocrítica de todos los que han tenido en sus manos hacer algo para resolver este problema, tanto en el pasado como en el presente y, reiteramos, un compromiso para que este tema, más que manzana de la discordia, sea denominador común. Urge también que se entienda que los líderes, más que héroes anónimos –lo son, desde luego–, son personas que al defender lo colectivo nos están defendiendo a toda la sociedad. El día que esto quede por fin claro, cualquier esfuerzo para protegerlos tendrá un impacto mucho más contundente.

EDITORIAL