Ahora, las disidencias

A menos de dos semanas de las elecciones del 29 de octubre, y tras un accidentado proceso de acercamientos que sigue teniendo zonas grises, el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las Farc, encabezadas por alias Iván Mordisco, desde las cero horas de ayer lunes empezaron un cese de fuegos que, en teoría, regirá en todo el territorio nacional por los próximos tres meses.

Se trata de un nuevo paso en la ruta de la ‘paz total’, la estrategia del jefe del Estado para sacar de la guerra a los principales grupos armados ilegales y bandas criminales que, más allá de las buenas intenciones, ha generado duros cuestionamientos, principalmente desde las regiones que no han dejado de sentir el azote de la violencia. Cuestionamientos que se han concentrado en dos áreas: falta de firmeza del Estado frente a grupos que no obstante sus declaraciones de paz siguen en el narcotráfico y atacando a la población civil, así como la falta de previsión para tomar, desde el Estado, medidas claves que permitan implementar con éxito las diferentes etapas de la negociación de paz sin conceder ventajas a los actores ilegales.

Como en los otros procesos de paz iniciados por el Gobierno, esas dos marcas han rondado la negociación con las disidencias de ‘Mordisco’ —son disidencias, pues ya defraudaron un proceso de paz—, que según diferentes estimativos hacen presencia en más de 200 municipios de 19 departamentos y son el principal motor de la criminalidad organizada en el suroccidente del país.

Acompañar al Gobierno en sus legítimos esfuerzos por alcanzar la paz es una bandera que —no solo ahora, sino siempre— deben recoger los colombianos. Pero esto no implica dejar de alertar ante evidentes inconsistencias, cuando no errores, en la estrategia.

La tregua con las disidencias de ‘Mordisco’ arranca —como en su primera y fallida versión, a comienzos del año— sin una verificación claramente establecida y operativa. La eventual participación de Naciones Unidas, que sin duda le daría transparencia al proceso, aún puede tardar meses para implementarse, y en el ínterin es clave evitar las trampas y los aprovechamientos estratégicos de dicha tregua. Razones suficientes hay para la cautela. Fueron, según juiciosos informes de la Defensoría del Pueblo, las disidencias las que más veces violaron las treguas de arranque de año. Ese es un elemento que no puede dejarse de lado.

En la misma línea, evitar que el cese de fuegos sea usado por ‘Mordisco’ y sus pares para tratar de revertir los éxitos de la operación Trueno, que llevó por fin la fuerza del Estado al cañón de Micay, en el Pacífico, es una prioridad. Y la más urgente, que el Estado todo garantice que ni las disidencias ni el Eln y bandas criminales van a seguir afectando el curso de las elecciones de alcaldes y gobernadores.

‘Ad portas’ de los comicios, revertir esas presiones armadas, en especial en departamentos como Cauca o Nariño, puede ser ya un objetivo difícilmente realizable. Lo cual no obsta para que no se activen todas las instancias necesarias a fin de caracterizar y poner en evidencia la injerencia de los actores armados en el libre proceso electoral y para garantizar que la justicia actúe en consecuencia.

EDITORIAL