No son tiempos fáciles los actuales para quienes, como las autoridades, tienen el deber de actuar contra las diferentes modalidades criminales. No es un capricho lingüístico el que ahora se hable de organizaciones multicrimen. Cada vez más, las estructuras que se aprovechan de economías ilegales y de actividades al margen de la ley se entrelazan y extienden sus tentáculos a nivel continental e incluso mundial.
Junto con el tráfico de drogas, de armas y de especies silvestres, a la par con la minería ilegal y el contrabando, la trata de personas, que incluye el trabajo forzado y la explotación sexual, es una actividad delictiva frente a la cual no se puede bajar la guardia. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos revelado la semana pasada llama la atención sobre esta necesidad de no descuidar un frente en el que las cifras, al menos las que cita dicho documento, muestran una baja en los resultados.
De acuerdo con este informe, las condenas por este delito disminuyeron en 2022 por cuarto año consecutivo, alcanzando un mínimo histórico de diez años. Advierte también el Gobierno estadounidense que el año pasado las autoridades colombianas “no enjuiciaron penalmente ni condenaron los casos de trata laboral”, mientras que “los esfuerzos para enjuiciar o condenar a los funcionarios cómplices fueron insuficientes”. Ante esa alerta, la Fiscalía respondió con cifras que hablan de 766 casos abiertos por hechos asociados a la trata de personas, de los cuales 257 son expedientes con connotaciones transnacionales. El ente acusador explicó que desde 2020 se han brindado 80 asistencias judiciales en cooperación con otros países para trabajar conjuntamente contra la trata de personas.
Los delincuentes se aprovechan, de manera infame, de poblaciones vulnerables: menores, migrantes y minorías
Más allá de las cifras, lo que corresponde aquí es valorar este informe como un llamado oportuno a no bajar la guardia frente a un delito quizás más silencioso pero no por ello menos grave. Justamente, el que no produzca grandes titulares ni hechos delictivos de gran impacto es un aliado de las mafias que se alimentan de él. Es necesario también decir que la doble moral de quienes se benefician de la explotación sexual de personas y del trabajo forzado es uno de los grandes obstáculos para derrotar este flagelo. Es clave generar conciencia a este respecto.
El enemigo por derrotar acá son poderosas organizaciones que, haciendo dudoso honor a la denominación citada de multicrimen, controlan al mismo tiempo varios de estos negocios, son emporios que se levantan en la ilegalidad movidos por una codicia insaciable y por métodos brutales para doblegar rivales. Se aprovechan los delincuentes, de manera infame, de las poblaciones más vulnerables: migrantes, minorías, menores, mujeres cabeza de familia en difícil situación y víctimas de otros delitos. Hay que actuar frente a cada uno de los tentáculos de estas organizaciones, y para ello las recomendaciones del Departamento de Estado son pertinentes, pero sin olvidar que tan importantes como el control, la represión y las condenas ejemplarizantes son las políticas sociales para prevenir que la desesperación de quienes se encuentran en situación vulnerable siga jugando a favor de los intereses de los criminales.
EDITORIAL