Lecciones de un cese

Puede decirse que la decisión del presidente Gustavo Petro de poner fin al cese del fuego con el ‘clan del Golfo’ –organización conocida también en algunas regiones como ‘Autodefensas gaitanistas de Colombia’– y ordenar operaciones ofensivas en su contra se veía venir.

Este grupo criminal, con presencia en varios puntos del territorio nacional, venía dando señales, una tras otra, de no aceptar la rama de olivo que había sido generosamente enviada por el Ejecutivo en el marco de su política de ‘paz total’. Rechazo que se hizo evidente sobre todo en el Bajo Cauca antioqueño, donde, según denuncias de las autoridades, está detrás de las violentas protestas que han tenido lugar allí como respuesta a los bienvenidos operativos de la Fuerza Pública contra la minería ilegal.

Frente a estos hechos, hay que ser muy claros en que la manera como el llamado clan asumió la concesión gubernamental tiene que llevar al Ejecutivo a una autocrítica, y debe ser también fuente de lecciones para otros frentes de la ‘paz total’. Sobre todo el de los acercamientos con las disidencias de las Farc.

Hay que darles la razón a quienes en su momento criticaron que el Ejecutivo haya incluido el cese del fuego en las primeras de cambio de una negociación que, por demás, está lejos de tomar un rumbo cierto y una velocidad de crucero. No era el momento para ordenarle a la Fuerza Pública cesar sus operaciones. Las consecuencias ahora salen a flote. Y es que para llegar a este punto es necesario no solo un largo trabajo previo que permita acordar un protocolo, parte de unas reglas claras aceptadas por ambos lados, sino también contar con señales mucho más contundentes de que el grupo criminal en cuestión está realmente comprometido con su sometimiento.

Ordenarle a la Fuerza Pública permanecer pasiva en aras del avance de unas negociaciones que intentan tomar forma es una decisión en extremo arriesgada que ha terminado siendo una ventaja para los delincuentes. Es paradójico en este sentido que el avance de la ‘paz total’ haya traído consigo una mayor desprotección de la gente frente a los armados. Así lo constata la iniciativa de varios gobernadores de publicar ayer en sus redes sociales el lema ‘Libertad y orden’, del escudo nacional, en evidente alusión a la necesidad de una mayor disposición del Ejecutivo para responder a sus llamados a no permitir un mayor deterioro del orden público de cara, sobre todo, a las elecciones de octubre. Este llamado coincide con el de Rodrigo Londoño en el que pide al Gobierno mayor atención a la seguridad de los excombatientes de las Farc, que ahora están siendo blanco de las acciones de los grupos que pretenden entrar bajo el paraguas de la ‘paz total’.

La vía negociada para poner fin a la violencia y a la criminalidad siempre será deseable y tiene que ser prioritaria, pero tomando todas las precauciones y garantías necesarias para que prevalezca la justicia y se proteja a los colombianos de bien. Lo que corresponde ahora, luego de la decisión del Presidente, es rodear el ejercicio de la autoridad del Estado en función de que la tranquilidad regrese a zonas como el Bajo Cauca. Y al mismo tiempo urge tener presente con quién se está negociando y los costos para la gente de los pasos en falso.

EDITORIAL