La licencia para la Autonorte

La ampliación de la autopista Norte de Bogotá, en el tramo comprendido desde la calle 191 hasta la 245, y cuyo arranque estaba previsto para 2023, es un viejo anhelo de los bogotanos. Por tratarse de un corredor vital, que beneficia a más de dos millones de personas de la capital y municipios aledaños como Chía, Cajicá, Briceño, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá y la región de Sabana Centro, cualquier intervención que implique mejoras en la movilidad del norte de la ciudad es bienvenida.

De ahí que haya causado revuelo el hecho de que, después de varios meses, esta semana la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) decidió archivar el trámite de la licencia ambiental para el inicio de la obra. Hablamos de una concesión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura ( Norte 2), ANI, y que ejecuta y opera el Concesionario Ruta Bogotá Norte SAS. Los trabajos incluyen pasar de 3 a 5 carriles en ambos sentidos y uno adicional para TransMilenio, además de dos puentes vehiculares a la altura de las calles 235 y 242.

Las explicaciones que ha dado la Agencia podrían resumirse en una sola: el concesionario no aclaró varios requerimientos que se le hicieron y que estaban encaminados a garantizar que los trabajos no afectarán la conectividad hidráulica y ecológica de los ecosistemas de la zona, lo que podría poner en riesgo el sistema de humedales de Guaymaral y Torca, además de impactar la red matriz del acueducto Tibitoc-Casa Blanca.

Esa falta de claridad, según la Anla, es la que lleva al archivo de la licencia y obliga a reiniciar el proceso. Los trámites de tales autorizaciones tienen tiempos establecidos y solo cuentan con una ronda para observaciones que ya se había dado. El concesionario interpuso un recurso de reposición, y la Agencia se ha mostrado dispuesta a revisar el tema en mesas de trabajo, lo que tomaría entre 6 y 7 meses y generaría un atraso significativo.

Tan pronto se conoció la noticia, las reacciones no se hicieron esperar. Las más fuertes incluían una presunta persecución del Gobierno Nacional a Bogotá. La exalcaldesa Claudia López le pidió al Ejecutivo no ponerle más trabas al desarrollo de la ciudad por “revanchas políticas”, mientras su sucesor, Carlos Fernando Galán, pidió al concesionario cumplir con las solicitudes de la Anla y no afectar el cronograma. Llama la atención que Planeación Distrital también había advertido sobre inconsistencias del trazado frente al POT y al Plan Zonal del Norte.

Por tratarse de un proyecto estratégico y de alto impacto, es necesario el llamado para que su ejecución se lleve a cabo con el menor traumatismo posible. Este tramo de la autopista se ha convertido en una pesadilla para los s, tanto por el aumento del parque automotor –carros, transporte de carga, buses intermunicipales, motos, bicicletas y rutas escolares– como por el crecimiento de la Sabana, donde ya el 35 por ciento de su población proviene de la capital.

Con los argumentos exhibidos hasta ahora, la pregunta es si ese menor impacto en el ecosistema se consigue elevando la autopista en el sector de los humedales, como sugiere el propio Presidente de la República –quien entró a terciar en el debate– o a través de la instalación de ‘box culverts’, como se planteó desde el inicio. Una discusión que no es menor y que seguramente tendrá implicaciones tanto en lo económico como en lo político, dado el peso de los actores involucrados en el asunto.

El llamado de la Anla es también un recordatorio para el gobierno departamental, que vive una situación similar a causa de licencias ambientales mal estructuradas y que tienen suspendido el Regiotram de Occidente desde hace siete meses. Hoy, la Agencia revisa una nueva solicitud que se le ha presentado para destrabar el proceso y, dependiendo de los ajustes que se hayan hecho, la entidad aprueba o rechaza la petición.

Dicho todo lo anterior, en iniciativas de esta envergadura es apenas obvio que las autoridades hagan los llamados que consideren pertinentes a fin de proteger el medioambiente. Ello garantiza una verdadera sostenibilidad social y urbanística, eso sí, siempre y cuando la base de dicha sustentación sea rigurosamente técnica. Por el contrario, si como advierten algunos este tema es fruto de un pulso político entre el Gobierno y la Alcaldía, se estarían configurando una injerencia política y una intervención indebida del Gobierno en la autonomía de los entes territoriales que podría paralizar cualquier proyecto, y las que terminan perdiendo son la ciudad y su gente.

Y no solo eso; como decíamos al principio, cuando se habla de la autopista Norte de Bogotá se habla de un corredor clave que comunica el centro y el norte del país, y en el que hoy se desarrollan varios proyectos habitacionales. Son millones de s los que esperan una solución pronta, y cuanto más pase el tiempo sin obtenerla, más se afectan la competitividad y productividad de una región clave para el crecimiento y bienestar de la Nación.

EDITORIAL