Las enfermedades transmisibles tienden a quedarse en la población y terminan integrándose a los factores que hay que cuidar para que no se desborden. Son los llamados males endémicos, que permiten –de tanto ir y venir– conocer su dinámica y, por supuesto, la forma de atajarlos, al punto de que su seguimiento es un deber primario de las políticas de salud pública del país.
Tal es el caso del dengue, que hace presencia en más de 730 municipios de los 32 departamentos y –como se sabe– presenta picos epidémicos cada dos o tres años, cuyo último ciclo fue en 2019 y 2020, por lo que resulta imperativo reforzar las medidas para atenuar el incremento de casos que se avizoran para el fin de 2021 e inicios de 2022. En otras palabras, la enfermedad anuncia su llegada, así que no hay excusas para la inacción y fingir sorpresas cuando los enfermos, con sus diferentes niveles de gravedad, llegan a los hospitales.
De hecho, hasta la última semana epidemiológica (la 42 de 2021) el Instituto Nacional de Salud (INS) dice haber notificado 34.478 casos de dengue, de los cuales 615 son graves, que han dejado al menos 30 muertes confirmadas de las 130 probables que se investigan por la misma causa; ello quiere decir que, si bien las autoridades dicen que todo está bajo control, lo cierto es que al dejar de lado los promedios nacionales, la situación es preocupante en algunas regiones.
Basta ver que mientras la incidencia nacional de dengue es de 111,4 casos por cada 100.000 habitantes, en Amazonas, Cartagena, Putumayo, Cali, San Andrés, Casanare, Vichada, Cundinamarca, Cesar, Córdoba y Sucre esta tasa es superior a 150 casos por 100.000 habitantes. Esto exige encender las alarmas y actuar de inmediato, con la aplicación de las medidas conocidas en estos y otros lugares en riesgo.
Que las buenas cifras que hoy muestra la pandemia no desnuden las falencias en otros campos de la salud, que siempre han estado ahí.
EDITORIAL