El informe Bachelet

Desde hace tiempo se sabe que Venezuela es un Estado violador de los derechos humanos, que la ineptitud de sus dirigentes ha llevado a una crisis humanitaria histórica que ha provocado la salida de más de 4 millones de personas y que bajo el actual régimen no está en capacidad de suplir las necesidades básicas de sus ciudadanos. Más o menos, la recetas que cumplen los ‘Estados fallidos’.

Pero cuando la autora de la radiografía es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, basada en un juicioso pero, para algunos, tardío estudio, la descarnada realidad toma un cariz aterrador que demuestra una vez más que el diagnóstico no pasa por valoraciones políticas o complots ni es un invento de la oposición ni del “imperialismo yanqui”, sino que es tan genuino y preocupante como el futuro de los millones de venezolanos que deambulan por las calles de los países de Latinoamérica con sus niños en brazos, suplicando por alimentos o medicinas.

La destrucción a la que ha sometido la revolución bolivariana a uno de los países más ricos y prósperos de la región, el de las mayores reservas de petróleo confirmadas, no tiene parangón reciente en la historia del mundo. La incapacidad del chavismo para mejorar las condiciones de vida de su gente, luego de un comienzo prometedor, ahora se mancha con la sangre de miles de personas que han muerto por la represión, la persecución y las torturas.

El informe de la expresidenta chilena, quien hizo una visita de tres días y envió una misión, habla de casi 7.000 muertos en año y medio, víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los organismos de seguridad, en particular por un tenebroso cuerpo conformado para la lucha contra el terrorismo, pero que terminó masacrando a su propio pueblo: las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).

Y a estas se suman los colectivos, pavorosas estructuras motorizadas de civiles armados, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección de Contrainteligencia Militar, todas ellas organizaciones responsables de torturas y asesinatos como los del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido por el régimen por un supuesto plan contra Nicolás Maduro y presentado una semana después ante un tribunal, reventado por las palizas y doblegado por los choques eléctricos.

“A buen resguardo” está el capitán, había dicho en su programa de TV Diosdado Cabello, por lo que luego el régimen no tuvo más opción que reconocer su asesinato y ordenar a su fiscal de bolsillo detener a dos mandos menores.

El caso del capitán Acosta demuestra el real compromiso de la dictadura para poner fin a los abusos... Fue detenido el mismo día que Bachelet dejó el país. Por supuesto, la respuesta del régimen fue deslegitimar el informe, pedir 70 correcciones y calificarlo de “parcializado y distorsionado”.

No es claro a estas alturas qué efecto pueda tener en el pueblo venezolano lo sucedido, o en los sectores decentes que aún resisten en las FF. AA. Pero sí deja en evidencia el desespero de una dictadura que esperamos esté viviendo sus últimos días.

EDITORIAL