El rector de la Nacional

La Universidad Nacional de Colombia está cumpliendo 157 años como uno de nuestros grandes patrimonios. Su presencia en la historia de la nación es innegable. Resulta inevitable, pues, que la elección de su rector o rectora siga siendo no solo un asunto que nos compete a todos, sino, de tanto en tanto, un tema de controversia. El proceso de escogencia ha tenido sus defensores y sus detractores. Y, sin embargo, es cierto que tiene unas reglas claras más allá de los gustos y de las agendas políticas, y que hace parte de la autonomía universitaria que garantiza la Constitución.

Mucho se ha hablado de la elección de este año. El jueves 21 de marzo, el profesor José Ismael Peña, doctor en Ciencias de Gestión de la Universidad de Grenoble, con presencia en la ciudad universitaria desde 1992, fue elegido por el Consejo Superior Universitario para el período 2024 a 2027 luego de una sesión extraordinaria de ocho horas. Desde esa misma tarde se agitaron las críticas y las protestas de aquel 34 % de la comunidad académica que ocho días antes había expresado su respaldo al exvicerrector Leopoldo Múnera en la consulta que suele empezar el procedimiento.

No es la primera vez que algo así sucede. Tanto la elección de Marco Palacios, en 2003, como la de Ignacio Mantilla, en 2012, fueron precedidas por triunfos de otros nombres en las consultas que votan los estudiantes y los profesores de la universidad. El Consejo Superior, siempre de acuerdo con las normas, terminó definiéndose por otras candidaturas. Parte de la comunidad protestó porque el voto popular no definiera al rector, sino a los finalistas para el cargo. Pero todo fue volviendo a la normalidad porque, mientras esas sean las reglas, el Consejo está haciendo su tarea.

Ha sido lo común, en las últimas elecciones, que se hable de pulsos políticos que se escapan al conocimiento del público en general. Se ha exigido siempre, con razón, el respeto a la autonomía universitaria, reclamo que ahora pareciera matizarse. En fin, no es nada fácil conciliar las ilusiones de la comunidad con las demandas de la institución. Y el favoritismo por Múnera, sumado a la intención del Gobierno de votar como votaran el profesorado y el estudiantado, ha hecho más notoria esta vez la falta de sintonía.

Pero las reglas siempre fueron transparentes desde el principio. Estas han sido la base de los últimos cinco procesos de elección, están soportadas en la ley y en los estatutos para escogencia de este cargo y, lo que es más importante, han sido pilar de esa autonomía que ha salido fortalecida frente a cualquier gobierno de turno. Poner en riesgo esa independencia institucional con llamados a la división confrontacional, como los que se escuchan ahora, abre riesgos impredecibles que bien podrían tramitarse mediante mecanismos que garanticen el bienestar de todos los involucrados.

Por eso se debe considerar legítima –y apoyar– una elección que ha sucedido dentro de la normativa de una institución muy sólida.

Tres de los excandidatos a rector, así como más de 230 profesoras y profesores, han pedido que se respete la actual escogencia que se hizo cumpliendo las reglas. Y que la comunidad universitaria encare unida los múltiples desafíos que hoy enfrenta, entre ellos, precisamente, el de llegar a consensos para reformar, si así se acuerda, el procedimiento para elegir rectora o rector en el futuro.

EDITORIAL