Espaldarazo a la JEP

A casi seis años desde su creación por el Acuerdo Final con las Farc, y no sin polémicas, la JEP ha logrado estabilizar y legitimar su papel como instancia de cierre de los procesos por los miles de delitos perpetrados por las Farc y agentes del Estado en más de 50 años de guerra. Ha sido un arduo camino en el que buena parte de la sociedad colombiana y los mismos magistrados han tenido que sobreponerse a prevenciones y preconceptos, y en el que la Jurisdicción para la Paz ha sabido entender que construir sobre lo ya andado por la justicia ordinaria y por Justicia y Paz (la instancia que juzgó a los ‘paras’ a comienzos del siglo) es el camino correcto hacia una mayor garantía de verdad y de reparación para los millones de víctimas del conflicto.

Con mucho aún por ajustar, desde luego –la demora para llegar a las primeras sentencias contra los máximos jefes de la guerrilla y los escasos avances en la verdad de varios capítulos del conflicto (la llamada ‘Farolítica’, por ejemplo)– es hoy por hoy la JEP la garantía de que el país honrará su compromiso de hacer justicia.

Y así lo percibe claramente la comunidad internacional y, puntualmente, el fiscal Kan, quien no duda en calificar como “un ejemplo para el mundo” los esfuerzos realizados por la institucionalidad colombiana en esta materia.

Es un mensaje que debería quedar claro para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que primero intentó mostrarse, a través del suspendido canciller Álvaro Leyva, como una especie de validador de las decisiones de la JEP y que luego, en consonancia con algunos antiguos jefes de las Farc hoy incómodos con la jurisdicción, empezó a vender la idea de crear un ‘supertribunal’ de cierre para el conflicto que estaría por encima de la arquitectura creada por el Acuerdo de La Habana.

Minimizar o desconocer los avances y aprendizajes que dejan los casi 20 años de Justicia y Paz y los 6 de la JEP sería un grave error que el país no se puede permitir. Por el contrario, esos experimentos que han puesto a Colombia a la vanguardia de la justicia transicional debían ser el punto de partida para el diseño de los aparatos de justicia que, todos esperamos, sean eje fundamental de la estrategia de ‘paz total’ del Gobierno.

El camino andado es valioso. Esa es la estructura constitucional creada para una Justicia Especial para la Paz, que debe proseguir. Después de una larga guerra, en la que los grupos violentos cometieron toda clase de tropelías, es mucho lo que hay aún por hacer en justicia y reparación. Este respaldo de la Corte Penal Internacional no es solo un mensaje de aliento a la justicia y a las víctimas, es también un campanazo a los victimarios, que aún tienen que aportar mucha verdad en aras de aliviar las consecuencias de esa dolorosa página que vivió Colombia. Y bregar porque no se repita.

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