Falsificaciones mortales

Se sospechaba, era casi una certeza, que al tomar el Gobierno Nacional la decisión de regular, a partir de 15 de noviembre, la exigencia del carné de vacunación contra el covid-19 para ingresar a actividades públicas o privadas que impliquen concurrencia masiva, pronto lo iban a falsificar.

Dicho y hecho. Y como una confirmación de esa frase de que ‘hecha la ley, hecha la trampa’, en la sociedad se comenta, casi en tono de resignación, que ‘eso se sabía’, que ‘estaba cantado’. Sin embargo, además de vergonzoso, este es un hecho repudiable, porque es la confirmación de la cultura del avivato, de la recurrencia al nefasto delito de la falsificación, sin importar los daños causados.

En efecto, ya se ha visto cómo frente a algunos puestos de vacunación han llegado delincuentes a vender carnés de inmunización con características similares –en realidad fáciles de imitar– a los de las EPS o de la Secretaría de Salud, además de ofrecer, con descaro, registro en el sistema.

Este es un hecho intolerable y grave, pues no solo atenta contra la vida y la salud del incauto, sino contra toda la sociedad. La falsificación de documentos públicos es penada en nuestra legislación hasta con 12 años de prisión, y aquí tendría que aplicarse la ley a rajatabla. Pero quienes se presenten para el absurdo hecho, cuando pueden obtener el carné gratuitamente al vacunarse, también deben ser castigados.

Estamos en un momento muy delicado, aquí y en el mundo, hoy con nuevas y peligrosas variantes. Además, este es especialmente un mes de gran movilidad social. Por eso, las medidas para contener el mal tienen que ser estrictas. No se puede permitir la propagación del delito. Es clave que se agilice la inclusión de todos los vacunados en la plataforma electrónica para que puedan ser consultados en línea. La responsabilidad es enorme para el Gobierno y las autoridades, pero también para la ciudadanía, pues las trampas le dan vida al virus.

EDITORIAL