Por segunda década consecutiva, la juventud ha sido la principal víctima de los siniestros de tránsito a nivel mundial, y si se tiene en cuenta que los mayores registros se encuentran en los países de bajos ingresos, esta condición se convierte en una trampa de pobreza, dado el elevado peso que esta realidad representa en términos de vida saludable que se pierden en las vías.
Así lo deja de ver un informe que acaban de dar a conocer la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que analizó el impacto de la siniestralidad vial en adolescentes y adultos jóvenes, que, además, dejó en evidencia que si bien en el país se frenó en el 2016 la tendencia creciente que tenían las muertes por esta causa, en los años siguientes continúan siendo muy altas, a excepción del 2020 por motivos de la pandemia.
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2016 murieron en las vías 2.469 jóvenes entre los 15 y los 30 años, y en el 2020 –con todo y cuarentena– fueron 1.976, una lamentable cifra, dado el carácter prevenible que tienen estos desenlaces.
Pero el asunto empeora si se tiene en cuenta que, según el Dane, la población joven presenta tasas de mortalidad por siniestros de tránsito 40 por ciento superiores a las de la población general (18,5 decesos por cada cien mil habitantes) y en particular los hombres, que pueden duplicar este indicador, al punto de que en cada siete siniestros en jóvenes, seis comprometen a los varones.
Las estadísticas dejan claro que no se pueden descuidar los estándares mínimos de seguridad para el uso de motos.
Al mirar un poco más en detalle el informe y cruzar el tipo de de las vías con los grupos de edad, este deja al descubierto que entre menores de 15 años los peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos son los más afectados, mientras que entre los 15 y los 30 años se aumentan significativamente las víctimas que iban en motocicletas, siendo los jóvenes de entre 20 y 25 años los que más decesos aportan en este grupo, donde ocho de cada diez fallecidos utilizan dicho transporte.
Este punto es importante debido al incremento significativo de la compra y el uso de ese medio de transporte destinado como vehículo familiar y de trabajo, en un entorno en el que flaquean los estándares mínimos de seguridad vial para quienes los usan.
Como es natural, las grandes ciudades y los centros urbanos son los que más aportan a estas estadísticas, pero en todo el país existen estos desenlaces críticos. De ahí que al considerarse esta situación como un verdadero problema de salud pública, las autoridades y expertos del mundo exhorten a los gobiernos para que promuevan, sin distingos, acciones que atenúen estos números que, como se dijo, son plenamente prevenibles.
En ese sentido, y dada la inquietante situación del país, en el decenio de “acción para la seguridad vial (2021-2030)” se torna perentorio retomar la meta no cumplida –y por el contrario empeorada– de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de reducir al menos a la mitad las muertes y lesiones causadas por siniestros viales. Ante el panorama nacional, no se puede ser ajeno a este llamado. Las cifras, que ponen en riesgo a gran parte de la población que marca el futuro, están ahí.
EDITORIAL