Garantizar el PAE

Una historia trágica, que por momentos parece de nunca acabar, es la de las anomalías en el Programa de Alimentación Escolar. Un trabajo periodístico de este diario reveló que, no obstante los esfuerzos del Ministerio de Educación, siguen registrándose situaciones inaceptables que, por fortuna, ya están en la mira de los organismos de control y de la propia Fiscalía.

Diseñado para complementar la nutrición de cerca de seis millones de infantes en el país, ha sido, por desgracia, fuente constante de malos manejos que se materializan en episodios que han generado rechazo e indignación en la opinión: desde aquel registrado hace dos años en Santander, de la carne de burro incluida en las raciones, hasta las bolsas de leche con larvas de gusanos por fuera, entregadas a estudiantes de una institución en Pasto, Nariño.

Dos meses después de haber comenzado las clases, visitas de la Contraloría y la Procuraduría a los planteles motivadas por múltiples quejas –que incluyen varias sobre posibles brotes de enfermedades– constataron, además de nuevas investigaciones en casos puntuales, que en 11 entidades territoriales los operadores no habían dado inicio a la ejecución de los contratos, dejando a cerca de un millón de menores sin el servicio.

Resulta inaceptable que con los recursos disponibles, la gestión de los entes territoriales se vea atrapada en demoras que solo golpean a los más vulnerables. Más aún cuando desde el 2021 la Procuraduría ha instado a los mandatarios regionales a prestar el servicio de manera oportuna. Un jalón de orejas que se suma al hecho de que, a enero de este año, la Contraloría había abierto 144 procesos de responsabilidad fiscal por 42.046 millones de pesos, motivados por diferentes irregularidades en el PAE. La Fiscalía, por su lado, avanza en 486 casos, y ya se han producido cuatro sentencias contra funcionarios y contratistas.

Aquí es clave el contexto: las cifras que dan cuenta de las carencias en materia de nutrición de los menores de edad en el país. Y es que si bien el PAE pretende, como ya se dijo, complementar la alimentación de los y las estudiantes, en muchos casos termina siendo, incluso, la única fuente de nutrientes, tal y como quedó claro con el cierre de las aulas por la pandemia. Según la más reciente Encuesta de Situación Nutricional (2015), uno de cada nueve niños y niñas padece de desnutrición crónica, carencia que en la adultez pasa dolorosa factura. Otros estudios revelan cómo quienes la experimentaron en sus primeros dos años de vida salen peor librados en las mediciones de su cociente intelectual (14,6 puntos menos); acceden, en promedio, a cinco años menos de educación y reciben hasta 54 por ciento menos salario.

Lo anterior, por si faltaban dudas de la importancia para la sociedad de lo que aquí está en juego. Lo que obliga a no bajar la guardia, a que los entes de control persistan, a que el Ministerio siga con sus esfuerzos para monitorear que a los colegios llegue comida de calidad, a tiempo y en buenas condiciones, y a que los padres de familia jueguen, donde no lo hacen, un rol más activo a través de los comités de alimentación escolar. Estamos hablando de un pilar del desarrollo y el bienestar del país, en el que están en juego, entre otros, la salud y la propia vida de los sectores más vulnerables.

EDITORIAL