El aterrador asesinato de una niña de apenas 4 años el domingo pasado en la tarde en la localidad de Puente Aranda conmueve a la ciudad y es señal cruda y dolorosa de que estamos ante un fenómeno criminal que exige respuesta y atención.
En el ataque sicarial también resultaron heridos la madre y el hermanito de la menor, de apenas dos años. Es aterrador que los atacantes hayan procedido a mansalva y de forma indiscriminada, a sabiendas de que sus balas impactarían a una madre y a dos hijos. Muchos con razón se preguntan a qué punto se ha llegado, qué motivaciones pueden mover a personas dispuestas a cometer un acto tan macabro.
El caso es que este homicidio se inserta en una serie de hechos similares que vienen ocurriendo en la ciudad, muchos de ellos atribuidos a reacomodos en el mapa del crimen organizado. Paradójicamente, motivado en algunos casos por logros de las autoridades. Pero si bien la Policía se ha anotado importantes victorias en la lucha contra las bandas –ayer, el Distrito informó sobre la captura de 35 personas señaladas de cometer diversos crímenes–, todavía queda mucho por hacer en las cifras de homicidios. Este delito viene disparado en Bogotá. Solo en enero de este año se registraron 42 más que en el mismo periodo de 2024. Y si se comparan datos del año pasado con los del 2023 se encuentra un aumento del 11 por ciento. Mucho se había enorgullecido la ciudad en el pasado reciente de haber logrado importantes disminuciones en este indicador. Todo este esfuerzo hoy está en riesgo. La tasa del año pasado fue de 15 por cada 100.000 habitantes, y la meta del plan de desarrollo de que esta disminuya en un 41,9 por ciento no parece realista. A lo anterior se debe sumar la desoladora cantidad de menores asesinados el año pasado: 43.
Es hora de reaccionar. Lo primero es demostrar que esta es una sociedad que cuida a sus menores. Sin esto, cualquier perspectiva de futuro se nubla.