Incautaciones de cocaína

Con la tesis de que el Estado debe concentrarse más en golpear las redes de producción, exportación y distribución de cocaína, así como los entramados de lavado de dinero, y menos en el combate contra las siembras de coca, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha empezado a sentar las bases de su política antinarcóticos.

No sin polémicas –ya hay ruido con Estados Unidos, nuestro principal aliado en este frente–, el Ejecutivo decidió reducir notablemente las metas de erradicación forzada (se habla de 20.000 hectáreas para este 2023) y está apostando por una política de tolerancia frente a los actuales cultivos –que representan, por cierto, la mayor área con coca en la historia del país– mientras se ven los resultados de políticas de sustitución y de desarrollo alternativo que, en su mayor parte, están aún lejos de implementarse.

La orden que recibieron tanto las Fuerzas Militares como la Policía fue concentrar sus esfuerzos en la interdicción, un frente en el que el año pasado se lograron resultados históricos. Con 671 toneladas del alcaloide incautadas, el nuevo Gobierno mantuvo a partir de agosto el ritmo impuesto por la istración del expresidente Iván Duque, que había cerrado el 2021 con otro hito: 669,5 toneladas arrebatadas a los narcos. Es un logro importante.

Todo esto se da en un contexto complejo porque los mayores decomisos son, también, señal inequívoca de que en el país se está produciendo más cocaína que nunca antes en la historia. No solo por las más de 204.000 hectáreas de narcocultivos que había con corte del 2021 en el territorio nacional, sino porque la productividad de esas siembras ilegales está en sus máximos: las autoridades calculan que en 2021 el potencial de fabricación de cocaína superó las 1.400 toneladas. Esa cifra equivale al doble de lo que lograban los narcos a comienzos de siglo, con áreas de coca un poco menores que las que hay hoy en el país.

En medio de los ceses bilaterales con varios grupos armados ilegales ordenados por el Gobierno a partir del primero de enero, según denuncia del Fiscal General de la Nación, se estaría produciendo una desaceleración de las operaciones contra el narcotráfico, que es la principal fuente de ingreso de esos grupos. Asegura el fiscal Barbosa que en este enero que terminó, el primer mes de la tregua, hay una enorme caída de las incautaciones de cocaína, que en los últimos años han promediado entre 25 y 35 toneladas mensuales.

Grave situación, más si se tiene en cuenta que la febril actividad de los narcos no se ha detenido en el país, como bien lo demuestra el caso de las 4,5 toneladas de cocaína que cayeron esta semana en aguas de España e iban camufladas en un carguero que transportaba ganado embarcado en Colombia. Exportaciones que no se pueden estigmatizar.

Es este un frente que exige del Presidente de la República y de sus más cercanos colaboradores toda la atención, la máxima responsabilidad y toda la disposición para evitar que los pasos de buena fe dados en desarrollo de la política de ‘paz total’ terminen siendo aprovechados por los grupos ilegales para nefastos intereses. Intereses que siempre juegan en contra de los del país y de la sociedad.

EDITORIAL