La extorsión, disparada

Uno de los delitos que más golpean a los colombianos, y no solo ahora sino desde hace varios años, es la extorsión. Disparada tanto en zonas rurales como en las ciudades, esa práctica criminal afecta la actividad económica, incluso las ventas callejeras, y mina fuertemente la credibilidad en las instituciones, a las que muchos ciudadanos perciben como incapaces de garantizar cabalmente su integridad y la de sus bienes, por lo que optan por pagar las vacunas impuestas por los delincuentes.

En este 2024, cuando después de varios años empiezan a caer los más importantes delitos de alto impacto –el homicidio y el hurto, especialmente–, la extorsión no da tregua. Cifras del Ministerio de Defensa señalan que este año, entre enero y septiembre, han sido denunciados 9.015 casos, un 20 por ciento más que en el mismo lapso del 2023. La cifra parcial de este año casi duplica el total de denuncias del 2014, y a pesar de ello, claramente representa un subregistro enorme, pues hay consenso entre autoridades y expertos en que la mayoría de las personas opta por no denunciar, bien por temor o por falta de confianza en la acción de las instituciones.

Ese es el impresionante panorama que retrata el informe sobre la extorsión publicado por este diario, que revela que esa actividad criminal se ubica ya como la tercera mayor fuente de ingresos para los criminales en el país, detrás del narcotráfico y la minería ilegal. Bandas de delincuencia común y todas las grandes organizaciones ilegales que tienen o han tenido cupo en la mesa de la 'paz total' siguen extorsionando en sus zonas de influencia. Y hay una alerta aún mayor, por uno de esos grupos, las disidencias lideradas por alias Calarcá, considerado por la Fiscalía y la Policía uno de los principales motores de la extorsión en el territorio nacional, en especial en el oriente del país.

Corresponde al Ministerio de Defensa y a las cúpulas de la Policía y las Fuerzas Militares atender el reciente llamado del presidente Gustavo Petro para buscar estrategias realmente efectivas contra este delito, que no se queda en amenazas, como lo demuestran decenas de asesinatos y atentados perpetrados en Barranquilla y Bogotá.

Y un capítulo especial requiere la situación de las cárceles, que son hace décadas epicentro de las extorsiones: hasta ahora ningún Gobierno, y este no es la excepción, ha sido capaz de frenar, a través de inhibidores de señal y una mejor acción de investigación policial y judicial, la industria criminal que funciona como una suerte de call centers del crimen desde muchos de los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

El Presidente, ya se dijo, ha anunciado mayores esfuerzos contra la extorsión. El país entero espera que el Estado todo se movilice para cumplir ese propósito, lo que exige una clara dosis de realismo y autocrítica sobre los efectos perniciosos de varios de los desarrollos de la 'paz total' y, lo más importante, la decisión de realizar los ajustes necesarios para evitar el contrasentido de ver grupos criminales blindados ante la acción ofensiva de la Fuerza Pública que, al tiempo, utilizan su capacidad de amenaza, y su violencia, para seguir llenando sus arcas a costa del trabajo y el temor ciudadano.