La reforma laboral

Esta semana avanzó en su trámite parlamentario el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa la istración Petro. El articulado que hasta ahora ha aprobado la plenaria de la Cámara de Representantes incluye, entre otras medidas, cambios en los contratos a término fijo, jornadas flexibles para el cuidado de familiares y la relación laboral y seguridad social de los trabajadores en las plataformas digitales de reparto. Los representantes dieron, asimismo, el visto bueno al inicio de la jornada nocturna a partir de las siete de la noche.

Detrás de la discusión de buena parte de los artículos del texto está el pulso legítimo entre la intención del Gobierno de mejorar las condiciones de los colombianos con empleo formal y las cargas económicas adicionales que implican estos cambios para los empleadores. La iniciativa incorpora beneficios que, analizados de forma individual, atienden problemáticas que hoy enfrentan los trabajadores, en términos de sus contratos, la extensión de la jornada laboral y la regularización de los repartidores de las plataformas digitales.

Por otro lado, las preocupaciones de los empresarios privados, principales generadores de empleo en la economía colombiana, no pueden ni deben desdeñarse. El proyecto de reforma laboral implementaría cambios que desembocarían en un aumento de los costos de contratación para las empresas de todos los tamaños en el país. Un ejemplo está en los pagos de los recargos, que, por sí solos, encarecerían las cargas que el sector privado debe asumir para crear un puesto de trabajo con todas las de la ley.

A lo anterior se le debe añadir el momento de desaceleración de las dinámicas productivas que está atravesando hoy en día la economía nacional y que ya se reflejan en aumentos de las tasas de desempleo. Si se tiene en cuenta que más del 90 por ciento del tejido empresarial está conformado por microempresas, cabe preguntarse sobre la capacidad de estos pequeños negocios para asumir este aumento de la carga laboral y sostenerse en el lado de la formalidad.

Es ahí donde entra uno de los desafíos más evidentes sobre esta iniciativa gubernamental: la ausencia de medidas que estimulen la creación de nuevos puestos de trabajo y la reducción de las altas tasas de informalidad. Es decir, el articulado concentra su paquete de beneficios a la minoría que hoy goza de empleo formal, mientras que no incorpora estrategias para que los millones de desocupados consigan un trabajo, especialmente los jóvenes. No crear suficientes empleos y la elevada informalidad son considerados por los expertos los más graves problemas estructurales del mercado laboral colombiano.

Diseñar los marcos legales para el trabajo es una de las necesidades más cruciales de cualquier economía contemporánea, debido a las profundas transformaciones tecnológicas, educativas, sociales y económicas que el mundo viene experimentando. Es innegable que Colombia requiere precisamente la actualización de esas normas para lograr el equilibrio entre los derechos y el bienestar de los trabajadores y la productividad y la competitividad de las empresas. Ojalá en su tránsito en el Congreso el proyecto logre ese necesario balance.