Lecciones de un fracaso

El tortuoso camino de las compañías aéreas Avianca y Viva para consumar su matrimonio empresarial terminó de la peor manera: tras más de nueve meses, la primera desistió del proceso de integración y lo anterior condujo al fin de las operaciones de la segunda. Esta decisión derivó en uno de los escenarios menos deseables: el hundimiento del proceso ordenado, el cierre de la low cost y un reordenamiento del mercado aéreo con impacto para los pasajeros.

Son varias las lecciones que deja esta fallida integración. La primera tiene que ver con los tiempos que se tomó la Aeronáutica Civil para decidir el proceso. Ambas empresas oficializaron su solicitud de integrarse en agosto pasado, cuatro meses después de haber firmado un acuerdo para hacer parte del mismo grupo empresarial. El entorno económico en el cual se desarrolló el proceso experimentaba un deterioro imparable a raíz de los altos costos de los combustibles, la devaluación del dólar y la disparada de la inflación, entre otros factores.

A pesar de que dicha solicitud fue presentada con “celeridad y urgencia”, la Aerocivil la objetó en noviembre por “considerarla contraria a la libre competencia y no estar probada la condición de empresa en crisis”. En enero pasado la entidad reguladora ordenó “rehacer la actuación istrativa”, mientras que a finales de febrero la crisis financiera de Viva explotó y paralizó operaciones, desatando una emergencia aérea para miles de s. Hacia finales de abril llega la autorización de Aerocivil para integración con condicionamientos como devolver slots –que hizo perder atractivo financiero al negocio– y mantener el modelo low cost de Viva.

Avianca concluye la historia, al menos del proceso istrativo, anunciando el desistimiento, ya que las condiciones impuestas convierten a Viva en inviable y amenazan la estabilidad financiera de la propia Avianca. Queda entonces para la regulación gubernamental el cuestionamiento sobre la falta de celeridad en un proceso istrativo dentro de un mercado, cuyas condiciones económicas presentaban un deterioro tan notable. Si bien el Gobierno Nacional debe propender hacia la protección de los s y de la libre competencia, la urgencia de actuar era tan evidente que no solo Viva cesó operaciones, sino que después lo hizo Ultra Air.

Los perdedores de esta situación no se limitan a Avianca, Viva y la Aerocivil. La conectividad aérea del país, con mayor severidad la de departamentos como el archipiélago de San Andrés, ha sufrido un duro golpe. Aunque el Gobierno Nacional espera que los actores del mercado se reacomoden e integren rutas, aeronaves y hasta personal de Viva y mitiguen el choque de los ceses de operaciones, la caída de la integración hará que este proceso sea más lento, menos ordenado, y más doloroso.

Por último, y no menos importante, están los pasajeros, que, aunque constituyen el centro de la protección de la regulación, son los que terminan más afectados. Este ajuste de mercado conducirá con seguridad a tiquetes con mayores costos y a menos maniobra para el modelo low cost. Le queda al Gobierno la responsabilidad de revisar de nuevo la carga tributaria del sector aéreo, de vigilar de cerca este reacomodo del mercado y de aprender las lecciones de un proceso fallido.

EDITORIAL