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Editorial

Lo que se juega en Venezuela

El régimen tiene la obligación de garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes.

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No solo los 28 millones de venezolanos y los aproximadamente 7 millones más que conforman la diáspora sentirán, seguramente, su ritmo cardiaco acelerarse al caer la tarde hoy. Buena parte del hemisferio occidental y en especial los países vecinos estarán también con los ojos puestos en el Consejo Nacional Electoral venezolano, ente responsable de garantizar la transparencia de unos comicios en los que está en juego la posibilidad de que regrese la democracia a Venezuela, y con ella una estabilidad llamada a repercutir positivamente en toda la región.
En otro momento histórico hubiese sido una obviedad pedir que las elecciones presidenciales en Venezuela fueran justas, libres y, reiteramos, transparentes. Pero desafortunadamente el régimen chavista logró, en 25 años de permanencia en el poder, destruir los cimientos del Estado de derecho. Esto incluyó, entre otros, la separación de poderes, razón por la que el derecho fundamental a elegir ha quedado relegado a la condición de añoranza del pasado para el “bravo pueblo”. Hoy no hay quien vigile y controle de manera independiente a las autoridades electorales, y el costo de construir un liderazgo que vaya en contra del oficialismo sigue siendo muy alto y suele ser motivo de una celda en la temida presión del Helicoide, en Caracas.
Con todo, distintos factores, entre ellos una cierta presión internacional que se ubica en un contexto de complejas y a veces inesperadas movidas del ajedrez geopolítico mundial, han abierto una ventana de posibilidad para que el chavismo dé un paso al costado y, de resultar perdedor hoy Nicolás Maduro, entregue el poder. Las banderas de este bando las tiene el exdiplomático Edmundo González, de 74 años, quien ha apalancado su popularidad en el carisma y la acogida de la exdiputada María Corina Machado, arbitrariamente inhabilitada por el régimen.
No obstante los llamados de la comunidad internacional para que esta cita en las urnas se realizara con “todas las de la ley” en términos de veeduría internacional, Miraflores ha cedido muy poco en este aspecto, además de haber llevado a cabo todo tipo de actos de coerción, presión e intimidación contra la campaña de González, apoyada por Machado. La misión de la Unión Europea no fue autorizada, mientras que dos pequeñas delegaciones del Centro Carter de Estados Unidos y de las Naciones Unidas cumplirán con esta tarea desde un lugar de independencia que ciertamente no ocupan los representantes de las organizaciones internacionales afectas al chavismo. Colombia y Brasil desistieron, ambos a última hora, de acompañar la jornada. Gran parte de la veeduría recaerá entonces en manos de la sociedad civil. Al escribirse estas líneas ya se conocían las primeras denuncias sobre obstáculos a los testigos electorales que quisieron acompañar la instalación de las mesas de votación.
Un país con recursos y potencial para garantizar el bienestar de todos sus habitantes no merece, por la insaciable codicia de unos pocos, perderse en la oscuridad del totalitarismo
Aun así, con tantos factores que despiertan fundadas dudas y alimentan temores, hay que esperar que el gobierno de Nicolás Maduro entienda lo que está en juego y evite cualquier tentación de jugar sucio en caso de salir derrotado. Escenarios como la coacción a votantes, los cambios intempestivos en los horarios de apertura y cierre de puestos de votación, las limitaciones a los observadores y testigos, que ya se han visto en elecciones anteriores, no pueden ser de nuevo herramientas del oficialismo para sesgar la voluntad popular. La expectativa hoy es mayor, pues, a diferencia de elecciones anteriores en las que la oposición había fallado en su intención de aglutinarse en torno a una sola candidatura, en esta ocasión la aspiración de González ha logrado reunir a un sector mayoritario de la oposición. Esto, sumado al comprensible cansancio de quienes han visto su calidad de vida deteriorarse, sus familias separarse y ver a un gobierno ser objeto de todo tipo de cuestionamientos –incluidos los de la Corte Penal Internacional–, deja claro que el inconformismo ante el propósito de Nicolás Maduro de quedarse seis años más en Miraflores del que dan cuenta las encuestas tiene asidero en la realidad.
Se trata entonces de entender que lo que suceda hoy en Venezuela está lejos de ser un asunto que incumba solo a ese país. La posibilidad de un nuevo Gobierno, ajeno a la revolución chavista, podría traer cambios en asuntos que afectan a toda la región como la migración masiva o el albergue y el varias veces denunciado respaldo abierto de Caracas a organizaciones criminales, en particular las que permanecen con un pie del lado de Colombia y otro del lado de Venezuela en esta frontera. Si lo que quieren los venezolanos es notificarle a Nicolás Maduro que ya fueron suficientes 25 años de un modelo que ha hecho agua –y así lo respaldan las cifras–, hay que respetar este clamor expresado en las urnas. Un país con recursos y potencial para garantizar el bienestar de todos sus habitantes no merece, por la insaciable codicia de unos pocos, perderse definitivamente en la oscuridad del totalitarismo.
EDITORIAL

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