Los dos años de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, acaba de completar dos años en el mapa de la institucionalidad colombiana. Un lapso en el que, no sin sobresaltos, ha empezado a cumplir con la trascendental misión de buscar justicia para los millones de víctimas de nuestro conflicto armado, uno de los más antiguos y, también, más degradados en la historia moderna. Una misión compleja y delicada, para la que fue creada en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno Santos y las Farc.

Lejos de los apasionamientos políticos que han caracterizado el debate alrededor de la JEP, lo que procede es un análisis sustentado y sereno sobre sus resultados y, especialmente, de sus retos, de cara a las enormes expectativas generadas por el acuerdo, que puso fin a 50 años de guerra entre el Estado colombiano y ese grupo guerrillero.

De entrada hay que decir que el arranque del segundo experimento del país en materia de justicia transicional –el primero fue Justicia y Paz, resultante del proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares– no fue tranquilo. Además de las demoras que supuso el trámite del fallido intento del gobierno Duque para objetar varios artículos de la Ley Estatutaria, es un hecho que su imagen se vio también afectada por escándalos –la captura del fiscal Carlos Bermeo, por ejemplo– y por peleas internas por poder y burocracia que poco se diferencian de los viejos vicios de nuestra justicia ordinaria.

De otra parte, el desenlace del caso de ‘Jesús Santrich’, con volada incluida y regreso a la criminalidad después de ser favorecido por decisiones de una sala de la JEP y la Corte Suprema de Justicia, también le pasó cuenta de cobro a la imagen nueva de la jurisdicción. La Sala de Revisión optó, ante la expulsión del exnegociador de las Farc, por no revisar el caso, paso que era clave frente a las eventuales solicitudes de extradición contra desmovilizados que lleguen en el futuro. Si la JEP se mantiene en la línea de que para determinar la fecha de los hechos los países requirentes deben enviar parte de las pruebas que tienen contra los pedidos en extradición, como lo determinó la primera sala del caso ‘Santrich’, sigue latente el escenario tormentoso para la cooperación judicial internacional, especialmente con Estados Unidos.

Estos reparos, sin embargo, son puntuales y no opacan los avances logrados en los últimos meses. Con más de 12.000 personas acogidas, la Jurisdicción Especial para la Paz ha venido trabajando en siete ‘macrocasos’ que representan, a su vez, varios de los más graves crímenes cometidos por los actores de la guerra en el país. Y aunque desde algunos sectores políticos se alega que los de la Fuerza Pública y agentes del Estado supuestamente no tenían garantías (al punto de que aún siguen en trámite varias polémicas iniciativas para reformar las reglas de juego), entre esos 12.000 procesados hay casi 2.500 militares que han pedido cupo en esa justicia transicional, buscando condenas alternativas a cambio de compromisos de verdad, reparación y no repetición.

El año pasado, la JEP tomó 16.500 decisiones judiciales y realizó 82 audiencias, 256 versiones presenciales y 43 versiones escritas. Además, 350 comparecientes fueron escuchados en versiones colectivas y se hicieron 249 informes. Son datos que muestran que se está trabajando fuerte y que los resultados que espera todo el país vienen en camino. Lo cual no obsta para recordarles a los magistrados y al ‘fiscal’ de la JEP que para afianzar su propia legitimidad y la del proceso de paz se necesitan, cuanto antes, resultados tangibles. El caso del cementerio de Dabeiba, Antioquia, que recientemente ocupó las primeras planas, les recordó a muchos que esta justicia ya da sus primeros pasos en la dirección correcta.

Sin embargo, hay muchos interrogantes por despejar. ¿Dónde están las fosas comunes con los restos de los desaparecidos por las Farc? ¿Qué hay de los nexos de esa guerrilla con el negocio del narcotráfico? ¿Empezaron ya a hablar los antiguos comandantes de los abusos sexuales y la práctica de abortos forzados en sus filas? Y, así como las confesiones de los ‘paras’ en Justicia y Paz encendieron el escándalo y las investigaciones de la ‘parapolítica’, vale preguntarse cuándo empezará el país a conocer los verdaderos alcances de la ‘Farolítica’, tanto en Colombia como en algunos países vecinos.

Verdades como esas son las que ayudarán a cerrar realmente las heridas de la violencia y demostrarán a los escépticos que el país acertó al apostarle a la justicia alternativa para silenciar las armas de la que era la guerrilla más antigua y poderosa de nuestro conflicto. Pero con todo el debate que pueda haber, se hace camino al andar. Y hay un avance. Lo fundamental es que haya voluntad y decisión, que se conozca la verdad y haya justicia y reparación, que sane, por fin, esa herida que a todos duele.

EDITORIAL