Menores delincuentes

Las cifras de delincuencia juvenil siguen siendo preocupantes. Según la Policía, en el 2017 fueron reportados 18.021 casos. Ante el impacto de los delitos cometidos por menores –que muchas veces son utilizados– y la urgencia de bajar la inseguridad, surgen ahora propuestas como la de reducir a 12 años la edad desde la cual deberían responder penalmente.

Este es un tema sensible, con muchas causas y enormes efectos. Y el país está en mora de poner en práctica alternativas para no seguir en la lógica de que todos los problemas se arreglan con más medidas de privación de la libertad.

Es necesario reconocer que aquí no existe una política criminal que involucre de manera decidida y contundente la prevención de la violencia y la delincuencia juvenil. Violencia que tiene raíces en los problemas sociales, familiares, de pobreza, de abandono, e inclusive por reclutamiento forzoso.

Bajar la edad a 12 años conlleva graves riesgos. Hay que empezar por decir que los centros de atención especializada (CAE) para adolescentes son establecimientos en donde ellos están hacinados y no se resocializan. Todo lo contrario, pueden ‘profesionalizarse’ en el delito. No hay una clasificación que distinga a quienes fueron detenidos por primera vez cometiendo hurtos, por porte de drogas o lesiones, de aquellos que han reincidido o incurrido en delitos graves y tienen ya una trayectoria delincuencial. El caso de un joven de 16 años del cual afirman las autoridades que es responsable de unos 30 homicidios es diciente y escalofriante.

Antes que reducir la edad de imputabilidad de los menores, el país debe diseñar, ejecutar y hacerle seguimiento a una política de prevención de la violencia y la delincuencia juvenil que involucre a alcaldes y gobernadores; probar alternativas distintas, como la del plan piloto del Ministerio de Justicia y la Alcaldía de Medellín, el cual trata de modo especializado a los menores que han sido procesados por cometer delitos como consecuencia del consumo problemático de sustancias psicoactivas, antes que privarlos de su libertad.

Bueno es mirar también la experiencia de Bogotá, donde los jóvenes infractores de la ley penal, en compromiso con un juez para no ser detenidos, asisten regularmente a los centros Forjar del Distrito, que les brindan formación para el trabajo, a servicios sociales básicos y complementarios y formación artística y deportiva. De igual forma, se garantiza el acompañamiento psicosocial y terapéutico para ellos y sus familias. Así mismo, está el programa de niños, niñas y adolescentes (NNA) desvinculados del conflicto, del ICBF, que ha mostrado resultados importantes en la restitución de los derechos de los menores.

Son experiencias muy dicientes y que deben copiarse en todo el país con los adolescentes infractores de la ley penal, que hoy pueden ser privados de la libertad desde los 14 años. La reducción de la edad de imputabilidad no es la solución; se requieren mayores esfuerzos del Estado en políticas preventivas y de tratamiento alternativo. El asunto es de doble vía: hay que salvar a la sociedad, pero también a los menores para que no terminen en manos de la delincuencia.