Momento crucial

La instalación ayer de la tercera legislatura en el marco de este cuatrienio marca el inicio del segundo tiempo del Congreso. Para el Ejecutivo lo será el próximo 7 de agosto. Lo cierto es que son muchos los retos y los frentes que merecerán la atención tanto del Gobierno como de los legisladores, y, dada la actual realidad, sin duda el económico tendrá una importancia especial.

En términos generales, si bien las cifras más recientes sugieren que el crecimiento del producto interno bruto en 2024 estará por encima de los cálculos que se hacían hace unos meses, aun así, este se mantendría por debajo del 2 por ciento, un guarismo a todas luces insuficiente para que el empleo aumente y el clima de los negocios sea el adecuado.

Entre los asuntos que requieren atención se destaca el mal comportamiento de la inversión privada. Los sondeos empresariales muestran que existe un alto nivel de incertidumbre relacionado con las políticas gubernamentales y, en particular, las propuestas de reforma que hacen tránsito en el Congreso, comenzando por la laboral.

A lo anterior se agrega el tono que prevalece en la Casa de Nariño hacia sectores como el extractivo, las concesiones viales, los varios eslabones del servicio de electricidad y los prestadores que todavía sobreviven al maremágnum de la salud. Sin desconocer que en el Gabinete hay ministros que tienden puentes, la norma no debería seguir siendo el antagonismo, por lo que cualquier plan de reactivación se choca con el muro de la desconfianza.

Aun así, persiste la esperanza de que la inflación vuelva a tomar el camino descendente tras haberse estancado en mayo y junio. En la medida en que así sea, el Banco de la República tendrá margen de maniobra para inducir una baja sostenida de las tasas de interés, lo cual sería positivo para consumidores y actividad productiva. Mientras esa posibilidad se concreta, los analistas estarán muy atentos al proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025. Para ningún interesado en el asunto es un secreto que el mayor dolor de cabeza de la política económica actual es la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Y no solo el déficit fiscal de este año será muy superior al previsto originalmente, sino que en el próximo resultará aún más difícil mantener las cuentas en orden. Tanto que el reciente tijeretazo por 20 billones de pesos en los gastos gubernamentales es insuficiente y parece inevitable otro similar antes de diciembre.

En lo concreto y para hacerle frente a este panorama, la Casa de Nariño desplegará en este semestre su plan de reactivación económica, que incluye medidas que van a pasar por el Legislativo y otras a construirse en diálogos con grupos empresariales. El paquete parlamentario contempla una nueva reforma tributaria para reducir la renta corporativa, mayores incentivos y estímulos de impuestos a sectores específicos y una eventual norma sobre inversiones forzosas para el sistema financiero.

Si bien en las próximas semanas –tras la presentación de la ley del Presupuesto y de la de financiamiento– se conocerán mayores detalles de esas otras iniciativas gubernamentales, los pasos que dará la istración Petro en esta dirección no deberían imponerse, sino provenir, reiteramos, de la concertación.

En esta legislatura, el Gobierno se está jugando su legado. Si no quiere sembrar vientos para cosechar tempestades, tiene que reiterar con hechos que la austeridad será la norma y evitar que aquello que se conoce como el riesgo país se dispare.

Mención aparte, e igual de importante, merece el ambiente político y judicial en el cual se debatirá esta agenda dados los recientes desarrollos del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el cual pondrá a varios congresistas, relacionados con las comisiones de asuntos económicos, a dar explicaciones ante la Corte Suprema.

La versión de Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, sobre la supuesta destinación de contratos de la entidad para favorecer a parlamentarios a cambio de su apoyo en proyectos del Gobierno, también salpica a funcionarios del Ejecutivo, e incluye al jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla. El ministro ha señalado que su inocencia prevalecerá con pruebas y que está comprometido a dar las explicaciones que sean necesarias. Lo deseable, entonces, es que a la luz del principio de la presunción de inocencia la justicia pueda avanzar pronto en ofrecer claridad al país sobre lo ocurrido.

Bajo ese contexto, el Congreso tendrá en sus manos la definición de las reformas pendientes –la laboral y la nueva versión de la de salud– y la reactivación económica, donde se requiere, hay que reiterarlo porque es lo clave, más concertación. El momento es crucial. Los colombianos esperan de los parlamentarios y del Gobierno una discusión técnica, responsable y transparente de esta trascendental agenda.

EDITORIAL