Quién compra los buses

Gracias a los avances de los últimos gobiernos y respondiendo a una realidad cada vez más evidente, Bogotá está ad portas de convertirse en la primera ciudad de América Latina en contar con una flota de buses de transporte público mayoritariamente eléctrica. Si lo consigue, quedaría por encima de Santiago de Chile y solo sería superada por la ciudad de Shenzhen, en China, a nivel global.

La capital cuenta hoy con una flota de 1.485 buses eléctricos en el sistema TransMilenio y casi mil unidades que funcionan a base de gas. Adicionalmente, la istración distrital avanza en la licitación para adquirir otros 250 buses eléctricos –articulados y biarticulados– con un costo aproximado de 1,5 billones de pesos, a precios de 2024.

No obstante, pagar el costo de esos buses ha dado pie para otra puja entre Distrito y Nación. Que ya habían mostrado sus diferencias en temas como tarifas subsidiadas, la negativa del Gobierno a seguir aportando al déficit del sistema y, más recientemente, la solicitud del Ejecutivo de aplazar los pagos correspondientes al metro y la troncal calle 13.

Bogotá encontró un salvavidas en el artículo 172 del Plan Nacional de Desarrollo. Allí se establece que las ciudades con sistemas de transporte masivo podrán contar hasta con un 70 % de cofinanciación para buses o tranvías eléctricos. Fue la misma sugerencia que en su momento le hizo a la ciudad la exministra del ramo María Constanza García.

En ese sentido, la Alcaldía solicitó al Ejecutivo cofinanciar 938.000 millones de pesos (62,5 %) para la compra de la nueva flota eléctrica, y la ciudad asumirá otros 564.000 millones (37,5 %). El alcalde Carlos Fernando Galán le ha dicho al Gobierno que la ciudad está lista para seguir con el proceso. Incluso, a expensas de aplazar los pagos del metro y la troncal.

El presidente Gustavo Petro respondió que, por tratarse de un proyecto estratégico y en línea con la política de transición energética que incluye al transporte público, se podrían destinar vigencias futuras para tal fin. Sin embargo, y aquí está el problema, agregó que esas compras debería hacerlas el Gobierno, que sería el dueño de los buses operados por las ciudades. Como era de esperarse, el tema no escapó a la controversia. Expertos advierten que existe un interés claro de la Nación por interferir en asuntos propios de la ciudad y, por esa vía, controlar también la entidad que hoy opera el sistema en la capital. En ese escenario, se dificultaría la coordinación con entidades del orden local como Movilidad, Seguridad y otras.

Insisten en que esa especie de coistración que pretende el Gobierno sería contraria a la descentralización y recuerdan que el Estado no ha sido eficaz en este tipo de transacciones. Para la muestra, lo sucedido en su momento con la compra de los camiones de basura para Bogotá o los carrotanques de agua para La Guajira.

Si el esquema de compra de buses vía un concesionario que los provea, con cargo a vigencias futuras, es mejor para la ciudad y contribuye a las metas del Gobierno Nacional en materia ambiental, lo aconsejable es llegar a un acuerdo en los términos que prevé el Plan Nacional de Desarrollo (PND). De lo contrario, el país estaría perdiendo una gran oportunidad de estar a la vanguardia en estas materias.