La situación de orden público del departamento de Arauca es cada vez más difícil y tenebrosa, pues allí la violencia desatada entre las disidencias de las Farc y el Eln viene cobrando muchas vidas.
El pasado 17 en la noche –Domingo de Resurrección, como triste paradoja– ocurrió una masacre que ha causado dolor y repudio nacional. Allí, una familia que se desplazaba en una camioneta en el municipio de Tame, vereda las Nubes, fue baleada en forma inmisericorde, al parecer por disidencias de las Farc. Murieron en el lugar cuatro personas, entre ellas dos niños: Delvis Arbey, de 8 años, y Yelina Prado, de 4. Otras seis personas resultaron heridas.
Indignan y duelen estas torpezas de quienes por defender economías ilegales matan a seres inocentes. Y más cuando el mal tiempo y la situación de orden público impidieron por largas horas que la comisión judicial llegara al lugar y se hiciera pronto la inspección de los cadáveres, lo cual fue un drama mayor para las familias de las víctimas.
Pero ahí no paró el luto. El lunes, según denuncia la Federación Departamental de Juntas de Acción Comunal de Arauca, en el casco urbano de Saravena fue asesinado Jhon Jairo Esquivel Delgado, dirigente campesino. Ese mismo día fue acribillado, en Tame, Wílmer Hernández, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Arauca. En febrero, en Arauquita fueron asesinados 4 hombres y hallados dentro de una Toyota de placas venezolanas. Ya en enero había ocurrido una masacre de 27 personas dejadas en varios municipios. Un recuento que estremece.
Hay acciones del Gobierno, hay 7.000 uniformados en tareas de seguridad, pero estos hechos tienen que constituir un llamado urgente para redoblar esfuerzos y no dejar a los araucanos en medio del fuego cruzado. No pueden los demenciales grupos ilegales sembrar más terror y seguir asesinando impunemente a quienes les estorben, incluidos niños. El Estado debe hacer más presencia en todo sentido.
EDITORIAL