Talanquera al Caribe

Los esfuerzos para hallarle un cierre financiero al proyecto Autopistas del Caribe no dieron resultados. De este modo, se aleja la posibilidad de expandir este importante corredor vial, que buscaba mejorar la conectividad entre Barranquilla, Cartagena y otros municipios de la región.

Recordemos los hechos que condujeron a este lamentable desenlace. En 2014 se comenzó a planificar una intervención en la actual vía de la Cordialidad, que conecta Atlántico con Bolívar y por donde se mueve gran parte de la carga de esos dos departamentos. El proyecto contemplaba 74 kilómetros nuevos de doble calzada y el mantenimiento de 253 kilómetros de la vía existente. Costaría 4,3 billones de pesos y se generarían unos 7.000 empleos, entre directos e indirectos.

La financiación de la obra, como es habitual en Colombia, se soportaba en el cobro de peajes a lo largo de la vía, en seis puntos ya existentes y uno nuevo, en el corregimiento de Arroyo de Piedra. Ese fue el florero de Llorente. Los habitantes de la localidad se opusieron a la instalación de la caseta, al tiempo que los de Turbaco, donde ya había un peaje instalado, exigieron el levantamiento de la talanquera desde diciembre de 2021.

Por tales motivos, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debe compensar al concesionario por recursos faltantes del orden de los 84.903 millones de pesos, de los cuales quedan por pagar 70.744 millones.

Tras 17 mesas de trabajo con la ANI, comunidades y transportadores de la región no aceptaron la puesta en funcionamiento de los peajes, al tiempo que, en mesas de trabajo con el concesionario, no se halló alternativa financiera distinta a su activación. En consecuencia, la ANI dictaminó la inviabilidad del proyecto.

La noticia cayó como balde de agua fría en el Caribe, que acumula una sucesión de contratiempos: la pérdida de los Juegos Panamericanos de Barranquilla, el retraso en las obras del canal del Dique y el aumento incontrolable de los precios de la energía eléctrica.

Las repercusiones, sin embargo, no son solo para la región. El hecho, calificado como “sin precedentes” por la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional Norte, envía una peligrosa señal para el sector, en el sentido de que cualquier proyecto actual o futuro puede ver comprometida su estabilidad financiera por el rechazo al cobro de peajes y la incapacidad de las dirigencias local y nacional para hacer acuerdos que permitan la adecuada operación de las concesiones. Es algo muy delicado si se tiene en cuenta que la financiación por medio de peajes ha sido una de las soluciones al rezago de décadas de la infraestructura vial del país.

Las comunidades deben valorar que sin peajes no puede haber construcción y mejora de carreteras, lo que a la postre las afecta sobre todo a ellas mismas. Las autoridades, por su parte, deben extremar esfuerzos para forjar consensos que permitan el avance de los proyectos: de eso se trata el arte de la política. En este caso particular, hacemos votos para que se diseñe una solución que permita la ampliación de este corredor estratégico del Caribe colombiano. El estancamiento es el camino menos aconsejable de todos.

EDITORIAL