Un cheque en blanco

Desde cuando fue expedida la Constitución de 1991, no había sucedido nada similar. Luego de haber sido radicado el 27 de marzo ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el proyecto de acto legislativo “por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal” recibió su luz verde definitiva el miércoles pasado en el Congreso. Así, en menos de seis meses se completaron las ocho vueltas que demanda cualquier intento de modificación de la Carta Política, en dos legislaturas sucesivas.

Semejante celeridad llama la atención en un país en donde propuestas de menor orden usualmente tardan más. Definido como una estrategia clave en la lucha por el buen manejo de los recursos públicos, es evidente el contraste entre el trámite expedito de la iniciativa mencionada y el tortuoso camino sufrido por los textos derivados de la consulta anticorrupción de finales de agosto de 2018, la mayoría de los cuales tuvieron un entierro de tercera categoría, pues apenas dos de los ocho originales languidecen en el Capitolio.

Sin duda alguna, la explicación del éxito logrado recae en la capacidad del actual contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, para sumar adeptos. No deja de ser curioso que, en medio de la polarización que aparta a las principales bancadas, aquí la mayoría dejó atrás sus diferencias y votó por abrumadora mayoría las modificaciones planteadas.

El argumento central es que la entidad carece de ‘dientes’ a la hora de velar por la adecuada utilización de los recursos públicos. Según el diagnóstico, menos de una tercera parte de las áreas que ameritan ser vigiladas cuentan con la debida supervisión, y cuando se producen hallazgos se recupera menos del uno por ciento de lo extraviado. El remedio es ampliar facultades y fondos, una lógica particular, por decir lo menos.

En consecuencia, la Contraloría adquiere nuevos poderes. El más destacado, que el control fiscal “podrá ser preventivo, concomitante, posterior y selectivo, según sea necesario”. Si bien se advierte que los dos primeros serán usados de manera excepcional y no vinculante, respetados analistas han expresado su alerta de retornar a las prácticas del pasado, cuando había una coistración que se prestó para múltiples abusos.

El motivo es que, en la práctica, ningún funcionario será capaz de seguir con un proyecto determinado, en caso de que el contralor de turno abra interrogantes acerca de su viabilidad, a sabiendas de que podrá ser suspendido o multado. Eso se traduce en un poder de veto tácito a cualquier emprendimiento respecto al cual haya controversia.

Sobre el papel, todo se solucionará con la contratación de funcionarios idóneos. Para tal fin, la reforma establece un aumento del presupuesto de la institución, que pasará de 580.000 millones de pesos este año a más del doble en 2022, a pesar de la estrechez de las finanzas públicas. Ese billón largo se compara con los 321.000 millones del ejercicio de 2011.

El propósito de atraer talento es encomiable, y más cuando se establece que la asignación básica mensual de los servidores de la Contraloría será equiparada a la de los empleos equivalentes de otros organismos de control. Lo que no se cuenta es que el régimen prestacional vigente es muy generoso, con lo cual se dispararán los gastos de personal.

Lo atractivo de aspirar a cuotas en una nómina que crecerá de manera importante a lo largo de los años que vienen ayuda a entender el interés de varios parlamentarios en el acto legislativo que pasará a sanción presidencial en cuestión de días. A fin de cuentas, si el Ejecutivo optó por acabar con las cuotas burocráticas tradicionales, aquí se abre un filón que vale la pena explotar.

En respuesta, el contralor Córdoba afirma que su intención es conformar un equipo profesional y de primera línea. Aunque el funcionario merece el beneficio de la duda, la experiencia lleva a pensar que ese puede no ser el caso.

Como si lo anterior fuera poco, el peligro hacia adelante es inmenso. La escogencia de la cabeza de la Contraloría se va a convertir en el premio mayor de las designaciones del Congreso, no solo por los miles de puestos que podrá llenar sino por la capacidad de arrodillar a un gobierno que no se pliegue a sus deseos.

El lamentable ejemplo de Antioquia, en donde el contralor departamental montó un verdadero tinglado de extorsiones, muestra el peligro de lo que podría venir. Eso para no hablar del desperdicio que significan las más de 60 contralorías regionales y municipales, capturadas por las camarillas de turno.

Hecha la advertencia y expresada la preocupación, a la opinión no le queda otra opción diferente que exigir resultados. La historia juzgará si Carlos Córdoba y los congresistas que le entregaron semejante cheque en blanco hicieron lo correcto y antepusieron el interés general a sus ambiciones personales.

EDITORIAL