El lunes pasado se instaló en Caracas la mesa de diálogo entre el Gobierno y la llamada ‘Segunda Marquetalia’, agrupación ilegal, bajo el mando de alias Iván Márquez, que traicionó el acuerdo de paz firmado con las extintas Farc en el Teatro Colón el 26 de septiembre de 2016.
Hay que recordar este contexto, pues el principal desafío de los negociadores será alcanzar un acuerdo que no pase por alto esta realidad jurídica y las consecuencias que trajo para la ‘Segunda Marquetalia’ haber abandonado el proceso de dejación de armas y reincorporación a la sociedad, en un contexto de justicia restaurativa a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Como lo advirtió en este diario quien fuera jefe de la delegación gubernamental en los diálogos de La Habana con las Farc, Humberto de la Calle, “de este hecho surgen obstáculos jurídicos, disyuntivas morales y enseñanzas muy nocivas para la sociedad”. De ahí que sea obligación del Gobierno darle a esta mesa un trato diferenciado. Y este debe comenzar por una vara más alta y una firmeza que demuestre que la historia reciente tiene un lugar en la mesa. Todo lo contrario del mensaje confuso, innecesario e inoportuno que envió Otty Patiño, jefe de la delegación gubernamental, al lamentar la muerte de alias Hermes, comandante de dicha organización, como resultado de una acción militar. Como aquí es importante el pasado, se puede recordar que en el inicio de los diálogos de paz, que luego se consolidaron en el proceso de La Habana, cayó en combate alias Alfonso Cano, sin que este hecho diera pie a pronunciamientos similares, tampoco a interrupciones significativas en la aún incipiente negociación.
A diferencia
de las Farc, su actuar reciente, que vale más que sus discursos, ha dejado claro que su propósito ya no es la toma
del poder por
las armas.
Dicho lo anterior, solo queda esperar que haya demostraciones claras de voluntad de paz en respuesta al esfuerzo del Gobierno por que este agente generador de violencia, que hoy cuenta con cerca de 2.000 integrantes, cese su actuar delictivo por las vías pacíficas para así salvar vidas humanas y ahorrarles sufrimiento a las poblaciones de los territorios en donde hace presencia. Lugares en los que es limitada o nula la presencia estatal y en los cuales la agrupación se dedica a actividades ilegales como la minería, la extorsión y el narcotráfico, que implican un control social estricto –dada la disputa con otros actores– que deja a los civiles en medio de dos o más fuegos. Y a diferencia de la guerrilla de la que surgió esta disidencia, su actuar reciente, que vale más que sus discursos, ha dejado en evidencia que su propósito ya no es la toma del poder por las armas ni generar hondas transformaciones sociales.
El Gobierno está ante un reto muy exigente. Tiene la obligación de respetar la Constitución, la cual es muy precisa en que la ‘Segunda Marquetalia’, por no haber respetado el acuerdo de paz, no puede acceder a la justicia transicional. Esto tiene que quedar muy claro. El desafío es abrirle camino legal, con una creatividad que no puede en ningún momento lindar con la irresponsabilidad, a un sometimiento que no dé margen a nuevas decepciones, y que sea también un alivio para quienes hoy padecen el accionar de la ‘Segunda Marquetalia’. La gente, desde luego, pero también el medioambiente. Para ello es imprescindible que la firmeza sea una de las herramientas por utilizarse.
EDITORIAL