Una herramienta menos

Pocos esperaban la noticia dada a conocer en primicia por este diario sobre la decisión tomada por el Gobierno de Estados Unidos de suspender el monitoreo satelital de las hectáreas dedicadas al cultivo de coca en Colombia.

La sorpresa viene de la importancia que ha tenido el tema de la lucha antinarcóticos en la relación binacional en las últimas cuatro décadas. Una tarea que, con altas y bajas, con equilibrios y desequilibrios, se ha desempeñado en un marco de cooperación mutua, en el entendido de que ambos países sufren por el flagelo. No hay que ser un agudo conocedor del tema para comprender que este asunto ha sido el eje del vínculo entre Bogotá y Washington en las últimas cuatro décadas. En esa línea, los datos que esta medición arrojaba cada año han sido brújula y termómetro a la vez.

El caso es que Estados Unidos ha argumentado que la decisión está alineada con un nuevo rumbo que la istración Biden pretende darle a la lucha contra las drogas en el que se privilegian los esfuerzos contra otro tipo de sustancias, en particular el fentanilo, que hoy hacen verdaderos estragos en esa sociedad, y en otros eslabones, como la interdicción y el rastreo de los capitales que deja este negocio. La istración demócrata ha optado, entonces, por ahorrarse el costo de esta labor y destinar los recursos técnicos y económicos a otras prioridades en seguridad. Aquí es clara la coincidencia de enfoques entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Joe Biden, algo que ojalá pronto dé frutos en forma de golpes contundentes en los terrenos mencionados de las incautaciones y la desarticulación de redes criminales transnacionales.

Con todo, no se puede pasar por alto el trasfondo político de una decisión que coincide con un momento crítico en el que la cantidad de hectáreas alcanza un máximo histórico con más de 200.000, según la fuente, que en adelante será la única: el sistema de monitoreo Simci, a cargo de Naciones Unidas. El no poder contar con la fuente norteamericana, cuyos datos no siempre coincidían con los de Naciones Unidas, le restará claridad y contundencia a un indicador que no porque deje de ser prioridad de Washington deja de ser fundamental para Colombia. Porque al tiempo con los cultivos de campesinos en pequeñas extensiones están los de gran magnitud, a escala industrial, que alimentan las finanzas de grupos armados que atentan a diario contra la convivencia y el medioambiente en donde se encuentran afincados.

Es de esperarse que este cambio conduzca a afinar la estrategia antidroga, mientras de forma paralela se exploren nuevos enfoques, y que dicho giro, ante todo, saque de la influencia criminal a quienes hoy en las zonas de cultivos padecen el agobio de vivir bajo el azote de grupos armados dedicados al negocio, en el entendido de que una posible disminución de la demanda no implica para nada la desaparición de esta y el subsiguiente fin del mercado ilegal. Un escenario en el que las grandes extensiones de cultivos dejen de ser una preocupación de los gobiernos debe evitarse a toda costa. Ese sería un camino erróneo y desconectado de la complejidad del fenómeno. Razones hay de sobra para que este frente de la lucha contra las drogas siga teniendo un lugar entre las prioridades de ambos países.

EDITORIAL