Caso Jineth Bedoya: claves del fallo de la Corte IDH que condenó a Colombia

“El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio”.

Esto dijo el lunes la periodista y defensora de derechos humanos Jineth Bedoya Lima, luego de conocer la sentencia histórica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió contra el Estado colombiano por los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima hace 21 años.

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En su decisión, la Corte declaró a Colombia responsable por la violación de diversos derechos, incluida la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista, quien el 25 de mayo del 2000 fue interceptada en la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde iba a realizar una entrevista a un exparamilitar.

La cita resultó siendo una trampa: Bedoya fue secuestrada y sometida a agresiones físicas, sexuales y verbales. Todo esto, mientras cumplía labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones de derechos humanos que ocurrían dentro del centro carcelario.

Bedoya, quien es editora de EL TIEMPO, desde 2010 inició la campaña No Es Hora de Callar, centrada en la visibilización y lucha contra la violencia de género y la violencia sexual.

Luego de que se conoció la decisión de la Corte, el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció al respecto: “Una vez más el Estado colombiano rechaza toda agresión física y psicológica contra las mujeres.

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"Jineth Bedoya jamás debió ser secuestrada y torturada. La sentencia de la Corte IDH se cumplirá en su totalidad, como siempre Colombia lo ha hecho”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

En su sentencia, de 89 páginas, la Corte da cuenta de la existencia de indicios “graves, precisos y concordantes” de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. El tribunal internacional determinó que estos eventos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia.

Entre las conductas que advirtió la Corte están las demoras a la hora de permitir el de la periodista al penal, “junto con la extraña actitud del guardia de la entrada, quien habría dejado en la puerta a la señora Bedoya sola al momento del secuestro, pese a que tenía noticia de su visita”.

Asimismo, el tribunal habló de “la aquiescencia previa de la Policía para la visita, o sea que la Policía tenía pleno conocimiento de la presencia de la señora a esa hora en la puerta del presidio”, y resaltó la circunstancia de que “toda puerta de un penal es un lugar por lógica particularmente vigilado, máxime cuando en días previos se había producido un acto de singular violencia en el interior”.

La Corte también cuestionó la presencia de una patrulla en la entrada de la cárcel y de sujetos uniformados durante el secuestro, tal y como lo refirió Bedoya.

“Estos indicios resultan más graves teniendo en cuenta que lo que la víctima estaba investigando eran delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de funcionarios en relación con secuestros y transferencia de secuestrados”, dijo la Corte.

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Otro de los puntos que se tocan en la sentencia es la falta de resultados de la justicia colombiana para esclarecer y juzgar estos hechos.

Aunque hace más de dos décadas comenzaron los procesos penales, solo tres personas asociadas al paramilitarismo fueron condenadas, en los años 2016 y 2019, como autores materiales de los hechos a penas de entre 11 y 40 años de prisión.

La Corte constató que fue la propia Bedoya quien tuvo que realizar diligencias de investigación por su cuenta para esclarecer los hechos, lo cual fue revictimizante. También lo fue, dijo el tribunal, durante las diligencias de investigación en las que la periodista tuvo que declarar y relatar los hechos hasta en 12 ocasiones.

“El tribunal observó que, a la fecha de emisión de la sentencia, no se había podido determinar la autoría intelectual de los hechos ni de demás coautores que pudieran haber participado en los mismos”, dijo la Corte IDH, y recordó que la investigación de casos complejos requiere dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias.

Por todas esas situaciones, incluido el grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

Además, el tribunal cobijó los derechos de la madre de Bedoya, Luz Nelly Lima, al considerar las consecuencias que ha sufrido por los hechos de violencia en contra de su hija, por acompañarla durante más de dos décadas en su búsqueda de justicia, que los hechos continúen en una impunidad parcial y por las amenazas que aun al día de hoy reciben.

"Esta sentencia es una hoja de ruta no solo para reparar a Jineth, sino también para avanzar en la protección de las mujeres periodistas y el a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual, expresó tras conocer el fallo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) representan a la periodista en el proceso ante la Corte IDH.

Aunque la periodista y sus abogados habían solicitado como medida de reparación el cierre de la cárcel La Modelo, la Corte IDH no accedió a esa pretensión.

Eso sí, el tribunal aceptó la alternativa del Estado, consistente en la creación del Centro de Memoria Histórica No es Hora de Callar, que será un lugar de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las mujeres periodistas.

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Entre las medidas también está investigar, juzgar y sancionar a los responsables del crimen, diseñar un sistema de recopilación de datos y cifras de violencia contra periodistas, implementar capacitaciones para que funcionarios públicos identifiquen actos de violencia contra las mujeres y financiar programas de protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia.

La sentencia de la Corte advierte sobre la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, le dijo a EL TIEMPO que Colombia cumplirá la sentencia de la Corte IDH y que crímenes como los que sufrió Jineth Bedoya no deben repetirse. También confió en que la justicia colombiana en general y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en particular avanzarán en las investigaciones del caso, tal y como lo ordena la Corte.

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“La posición de Colombia ya la expresó el presidente Duque: tragedias como las de Jineth no solo no debieron ocurrir jamás y lo que procede es trabajar como Estado para que estos hechos no vuelvan a pasar en Colombia”, señaló el director de la agencia.