Así podrán los padres de familia vigilar los recursos del PAE

En algunas zonas del país, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que brinda raciones de comida para estudiantes de bajos recursos, se ha convertido en sinónimo de corrupción y despilfarro.

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Esta realidad podría empezar a cambiar con una iniciativa aprobada por el Congreso, que ya pasa a ser ley de la República, que permite que las asociaciones de padres de familia y docentes puedan hacerle seguimiento a la ejecución de los recursos de este programa que beneficia a sus propios hijos.

"Esperamos que estas asociaciones tengan todas las garantías para ejercer la vigilancia que nos permita olvidarnos de tantos escándalos sobre los recursos de la alimentación de la infancia colombiana más vulnerable. Estaremos muy pendientes de que esto sea una realidad", aseguró el congresista Ricardo Ferro, coautor del proyecto. 

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“Los padres de familia son los primeros beneficiarios de que se utilicen bien estos recursos, pero realmente no tenían las herramientas para hacerle seguimiento al programa y que no se sigan robando la plata. Quiénes mejor para cuidar los recursos de la alimentación de sus hijos que los padres de familia", agregó el senador y también coautor del proyecto, Gabriel Velasco.

La nueva norma señala que el interventor de la operación del programa, el supervisor designado por el municipio contratante, la Unidad istrativa Especial de Alimentación Escolar y los entes de control, deberán escuchar obligatoriamente las observaciones que resulten de este ejercicio de vigilancia comunitaria o control social, por parte de las asociaciones de padres y docentes, sin que estas sean vinculantes, debiendo ser publicadas en las carteleras o portales de las entidades territoriales por un período de 30 días.

“El interventor de la operación deberá rendir un informe semestral a la comunidad educativa y a la institución educativa beneficiaria, con el objetivo de poner en conocimiento el funcionamiento, debilidades y fortalezas del PAE en la respectiva entidad territorial. En el caso que el contrato sea inferior a seis meses este informe deberá ser trimestral”, indica el proyecto al que solo le falta la firma del presidente Iván Duque para ser ley.

Si bien el informe que emitan las asociaciones de padres no es vinculante, este sí deberá ser enviado a los entes de control, a fin de que estos se pronuncien si llegaren a encontrar irregularidades, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción.

El congresista Ricardo Ferro explicó a EL TIEMPO el alcance de esta iniciativa. 

Pretendemos que los padres de familia, que son los principales veedores de que a sus hijos se les dé una adecuada alimentación, sean quienes se encarguen de vigilar estos recursos del PAE. La idea es que puedan ellos encender las alarmas.

Las entidades territoriales y los operadores del programa estarán obligados a entregar información detallada del desarrollo de este a las asociaciones de padres, quienes podrán contrastar lo que indican los documentos con la alimentación real que están recibiendo sus hijos. Este informe emitido por los padres tendrá que estar publicado durante 30 días, para que pueda ser revisado por los entes de control y quienes ejercen la auditoría de los contratos.

Los padres deben estar pendientes de muchos temas de sus hijos, ¿por qué ponerles una tarea más?

No es que se les vaya a establecer la obligación de sustituir a quienes ejercen la auditoría sobre los recursos del PAE. Las entidades deben mantener sus supervisores. Este es simplemente un control adicional, que si bien no es vinculante, sí debe ser revisado por los entes de control. No es una carga adicional para los padres, sino un derecho que ahora van a tener.

El interventor del programa, el supervisor designado por el municipio contratante, la Unidad istrativa Especial de Alimentación Escolar y los entes de control deberán escuchar obligatoriamente las observaciones que resulten de este ejercicio de vigilancia comunitaria o control social por parte de las asociaciones de padres.

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