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‘Pese a cambio de ministros, la reforma de la salud es la misma’: Andrés Forero
El representante Andrés Forero habla sobre los proyectos que se tramitan en el Congreso.
El economista Andrés Forero fue presidente de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en 2016. Ese mismo año se posesionó como concejal de Bogotá. Actualmente es representante a la Cámara Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO
PERIODISTAActualizado:
El país apenas se pellizca con lo que terminó aprobando el Congreso en materia del Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco entiende muy bien qué nos estamos jugando con la avalancha de reformas que está presentando el Gobierno. Mañana vuelve a arrancar el trámite de la de salud. Un juicioso representante que ha estado encima de todo lo ocurrido, Andrés Forero, del Centro Democrático, nos desenreda ese abecé legislativo.
Pasó finalmente el Plan Nacional de Desarrollo. Siempre fue que entre Senado y Cámara taparon unos goles muy peligrosos. Otros resultaron intapables…
Hicimos lo que más pudimos. Hasta tapar el de la Comisión de la Verdad.
La Comisión de la Verdad pretendía que sus ‘verdades’ se convirtieran en hoja de ruta del Gobierno… Hasta Humberto de la Calle tuvo la hidalguía intelectual de votar en contra. Se suponía que las conclusiones de esa comisión no serían vinculantes, y casi nos las vuelven obligatorias…
Querían darles estatus legal a esas recomendaciones. Aunque la Comisión fue útil, sus verdades no eran absolutas y más bien deben servir como un insumo adicional para que entre todos construyamos la historia del país.
Representante Forero, usted tiene fama de ser uno de los más estudiosos, juiciosos y cumplidos congresistas de la Cámara, que son contados con los dedos de la mano. Por eso quiero escuchar su versión acerca de los últimos acontecimientos legislativos. Mañana arranca nuevamente en la Comisión Séptima la accidentada discusión de la reforma de la salud. Pero veo que el texto es el mismo y que lo único que aquí cambió fue la ministra por un ministro que apoya la reforma de Corcho…
Por un lado fue un alivio, porque definitivamente ella evidenció falta de capacidad istrativa, falta de gestión; no fue capaz de traer oportunamente las vacunas contra la viruela símica, ni las vacunas bivalentes han llegado al país; durante más de ocho meses mantuvo en interinidad al Invima. Y creo que el presidente Petro se dio cuenta de que la ministra estaba afectando las relaciones del Gobierno con el Congreso.
¿Alguna sugerencia al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo? Es un hombre mucho más lidiado en la plaza política, más cordial, pero no parece dispuesto a cambiar un ápice de lo que recibió…
Le sugerimos que tome un nuevo aire y que recoja un poco las velas. Pues la reforma tiene problemas de génesis, ha sido construida a espaldas a la ciudadanía, de los médicos, de los pacientes, de la academia, al punto de que 195 asociaciones de pacientes tuvieron que construir un texto alternativo. Adicionalmente, el ministro salió con declaraciones en medios de comunicación a defender el seguro social, lo cual es bastante preocupante, teniendo en cuenta su experiencia istrativa y política; fue alcalde de Ibagué, gobernador del Tolima, secretario de Salud de Bogotá. Pero vemos que mantiene un poco el mismo sesgo, o la misma inspiración, o la misma obsesión estatizante de la exministra Corcho. Por eso no se puede bajar la guardia.
Y también subsisten graves problemas de trámite…
Cierto. Por cuenta del presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Escaf, sentimos que se han presentado vicios que algunos consideramos insubsanables.
¿Pero además no causó mucha sorpresa que el ministro de Hacienda, antes de irse, como su último acto en el ministerio, soltara la astronómica cifra de lo que nos va a costar la reforma ($ 114 billones hasta 2033, según un documento enviado por esa cartera a un senador liberal que lo solicitó mediante un derecho de petición)?
El cálculo de esos costos ha variado mucho. Había cambiado con la ponencia, después cambió con la enmienda y no se sabe a ciencia cierta hoy cuáles son los costos, o cuáles van a ser los requerimientos de recursos con el texto que se está discutiendo en este momento. Revelar de nuevo esas cifras pudo ser uno de los factores que incidió en la salida del ministro Ocampo.
¿Usted cree que, con el anuncio del Partido Conservador de pasarse al estatus de independiente (y aunque parecía que ‘la U’ tomaría el mismo camino, la ‘mona’ nada que se decide), algo va a cambiar en las votaciones que vienen?
Esperaría que sí. Que tanto el Partido de ‘la U’ —su presidenta, Dilian Francisca Toro, es conocedora a fondo del tema— como el Conservador hagan respetar esas líneas que ellos han planteado y no permitan acabar con el sistema de aseguramiento en el país. Reconocemos que el sistema no es perfecto, pero tampoco desconocemos los avances que hemos tenido. Lo que pasa es que con esta reforma, lamentablemente, esos problemas no se resolverán y hasta se agravarán; y hasta pueden surgir otros.
"Esperaría que el Partido de ‘la U’ y el Conservador hagan respetar las líneas que ellos han planteado y no permitan acabar con el sistema de aseguramiento en el país".
Pero les va a tocar seguir entrenando como arqueros para los goles que vienen…
Hay que reconocer además el gran trabajo que se hizo por parte de los congresistas de mi partido Centro Democrático, también los de Cambio Radical y de todos los partidos, yo creo, en general. Vi también muy activa a la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara, la doctora Katherine Miranda. Por ejemplo, había una preocupación grande con lo que trataron de meter a última hora, del trámite de la expropiación exprés, o de lo que se denominó así, y eso obviamente nos tenía muy preocupados, y entonces yo también hago un reconocimiento a mis compañeros de partido, de las terceras y cuartas, y a otros partidos. Muchas de las facultades extraordinarias que se habían presentado en el texto original finalmente se terminaron hundiendo, y yo creo que eso es sano para la democracia, y muestra un poco que el Congreso, a pesar de muchos cuestionamientos que sufre, sigue peleando por sus fueros y haciéndose respetar en algunos temas.
¿Y qué tal el gigantismo en el que caerá la Adres?
Hoy por hoy, la Adres no tiene la capacidad técnica o istrativa para reemplazar todas las funciones que desempeñan las EPS. Hoy tiene 250 funcionarios y, según el proyecto, va a crecer esa planta hasta en 6.000 o incluso hasta en 30.000 empleados en un tiempo, dependiendo de los escenarios de los sistemas de información. Y están pretendiendo darle esa responsabilidad en solamente dos años. Nos preocupa mucho además que les den mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores. Por un lado, se van a generar oportunidades de corrupción, pero donde se están haciendo las cosas bien se van a ver sobrepasados por falta de capacidad técnica y istrativa, y no hay el tiempo suficiente para hacer las transferencias de capacidades necesarias.
(Lea también: La desnudez del frac)
Me devuelvo al Plan de Desarrollo, porque no dejan de aparecer inquietudes. ¿A usted lo dejó preocupado algo en concreto de lo que se aprobó?
Entendemos que el presidente de la Cámara, David Racero, intentó hacer un debate democrático, a pesar de que se tenían que discutir más de 350 artículos, y votaban más de 180 congresistas. Un número significativo de proposiciones no fueron debidamente leídas, por lo que puede haber vicios de procedimiento.
¿Cómo quedaron los cambios en la contratación pública con la economía popular, como juntas de acción comunal, organizaciones étnicas, campesinas, con pocos controles y exigencias? ¿Nos vamos a llenar de contraticos de a $ 1.000 millones como dice su colega Christian Garcés?
A pesar de que en Cámara habíamos logrado eliminar que esa contratación directa se pudiera dar a través de personas naturales, en la conciliación se adoptó el texto de Senado y, a nuestro juicio, se está abriendo la puerta para la corrupción.
¿Y en cuanto a las facultades extraordinarias del Presidente? Se le trancaron muchas, pero quedaron unas vivas, como ese embeleco del San Juan de Dios, modificar los programas de Familias en Acción, crear una entidad para mejorar los caminos vecinales y ajustar el Grupo Bicentenario. ¿Nos tenemos que preocupar por algo de eso?
Particularmente yo como bogotano estoy preocupado por lo del San Juan de Dios porque, como en el caso de la primera línea del metro, los caprichos presidenciales podrían poner en riesgo las obras ya contratadas y en ejecución.
¿Usted cree en la teoría de que la táctica del Gobierno, rota la coalición, será la atomización de los partidos? ¿Que los van a tratar de desvertebrar, desinstitucionalizar sus bancadas, para tratar en las próximas reformas de negociar congresista por congresista?
Sí, y eso no le hace bien al país. El Presidente está yendo en contra de lo que ha sido históricamente su discurso de que quiere fortalecer la democracia, y una democracia de partidos.
Bueno, y lo que viene ¿no? Hablemos un poco de eso… Por ejemplo de la reforma laboral...
Nos preocupa mucho la reforma laboral, ambientada con un discurso antiempresarial y de lucha de clases. Lamentable que la ministra no haya logrado sustraerse a la lógica sindical y que, como ella misma ha reconocido, este proyecto no apunte a generar empleos ni a promover la formalización laboral. Cuesta entender esto en un país con niveles de informalidad cercanos al 58 por ciento y en pleno año recesivo. Las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas.
¿Y con respecto a la pensional?
Compartimos la intención de dignificar la vejez de quienes no logran pensionarse, pero creemos que ello no debe implicar poner en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Reconociendo que en el país se está invirtiendo la pirámide demográfica, creemos que debe imperar un criterio de justicia intergeneracional.
¿El umbral de tres salarios mínimos es sostenible?
Es insostenible y afectará considerablemente el ahorro nacional, el mercado de capitales y las tasas de interés. La reforma no resuelve el problema fiscal del pasivo pensional, sino que lo agudiza, y además los cotizantes de los fondos de pensión privados de 1 y 2 salarios mínimos tendrán que cotizar años adicionales —pasan de 1.150 a 1.300 semanas— al trastearse a Colpensiones para obtener la misma pensión de un salario mínimo. El país debe evitar seguir el ejemplo argentino.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
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