El representante a la Cámara por el Centro Democrático Gabriel Vallejo podrá seguir en su curul, según decidió el Consejo de Estado.
Así lo anunció el congresista uribista, quien estaba siendo investigado por el alto tribunal por supuestamente haber violado el régimen de inhabilidades para ser legislador.
De acuerdo con las demandas, Vallejo habría hecho parte del consejo directivo de una fundación en Risaralda, su departamento, que celebró contratos con el Estado en el pasado, por lo que habría incurrido en una inhabilidad para ser congresista.
Los demandantes argumentaban que, según una investigación periodística, Vallejo “se desempeñó como miembro del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo de Risaralda (…) desde el 29 de octubre de 2003” hasta hace algunos meses y que “dicha entidad suscribió y ejecutó” convenios “en el año 2018 con el departamento de Risaralda”.
Vallejo argumentó en su defensa que si bien había hecho parte del consejo directivo de esta fundación, esto fue hasta el 2004 y que en esa posición “solo había desarrollado funciones de gestión, no de representación”.
Citando algunas decisiones anteriores, el alto tribunal afirmó que “necesario es recordar la clara diferenciación que ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado entre la gestión y la celebración de contratos”. La vinculación de Vallejo con esta fundación fue a nivel de gestión.
Este tipo de acciones fueron promovidas por enemigos políticos que he conseguido debido a mi ejercicio y hacen parte de una estrategia de desprestigio
Adicionalmente, se analizaron algunos de los contratos que esta fundación celebró con el Estado y en ellos “no se evidenció” otra “actuación o participación” de Vallejo que violara, en opinión del alto tribunal, el régimen de inhabilidades para los congresistas.
“Ninguno de estos elementos de juicio, ni todos ellos apreciados en su conjunto prestan mérito para tener por demostrado (…) que el señor Gabriel Jaime Vallejo Chujfi haya intervenido de manera directa o indirecta en la gestión de negocio alguno ante el departamento de Risaralda”, reza la decisión del Consejo de Estado.
El congresista celebró la decisión judicial y reiteró que “este tipo de acciones fueron promovidas por enemigos políticos que he conseguido debido a mi ejercicio y hacen parte de una estrategia de desprestigio que tiene como fin sacarme soterradamente del escenario político, cosa que no lograrán”.
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