Este miércoles se inició el camino de la llamada paz total propuesta por el presidente Gustavo Petro. El primer paso para que blindar jurídicamente esta apuesta del Ejecutivo es la modificación y prórroga de la ley 418, también llamada ley de orden público.
La iniciativa está siendo discutida en la mañana de este miércoles por las comisiones primeras de Senado y Cámara, que sesionan de manera conjunta, pues este proyecto tiene mensaje de urgencia.
El objetivo del proyecto es “adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con voceros y de grupos organizados al margen de la ley”. Esto se da desde 1997.
En ese sentido, es clave para que se lleven a cabo los diálogos de paz con la guerrilla del Eln, que se reiniciarán en los próximos días.
"Colombia, nosotros y nosotras, no podemos estar condenados a vivir en medio de la violencia. Siempre podemos buscar el desarrollo de la paz en este país", aseveró el senador Ariel Ávila, uno de los ponentes.
Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, explicó que con los grupos que tienen naturaleza política se deben adelantar diálogos y firmar acuerdos de paz.
Pero en el caso de los grupos asociados con economías ilegales se busca llevar a cabo el sometimiento. "Se deben hacer acermientos para el desarme", explicó, pero en este caso no se habla de acuerdos de paz, pues "no tienen naturaleza política".
Este proyecto, aclaró el representante, es clave para que el Gobierno pueda adelantar acercamientos en ambos casos.
El debate
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático aseguró que la seguridad es una obligación del Estado, pues esta es la que permite "el desarrollo de los demás derechos".
Sobre los procesos de negociación que se adelantan, afirmó que el expresidente Álvaro Uribe logró negociación con grupos armados bajo la presión de las fuerzas armadas. Dijo, por ejemplo, "que las fuerzas armadas se están debilitando". Esta afirmación la sustentó con la salida de más de 70 generales.
"A eso súmele los anuncios, que ya no hay bombarderos, que ya no hay extradición", cuestionó Valencia.
Sobre el Eln, la senadora uribista dijo que este grupo no puede recibir un acto político. "Deben ser tratados como delincuentes, ya no pueden ser tratados como delincuentes políticos".
Y agregó que no aceptará que le "regalen nuevos cupos en el Congreso" a guerrilleros. Dijo, incluso, que los guerrilleros ya están representados en la Presidencia y en el Congreso.
Y señaló que las disidencias de las Farc no pueden negociar. "Es una burla con los de las Farc que sí cumplieron el acuerdo y contra los colombianos. Firmaron e incumplieron y ahora vuelven a recibir todos los beneficios", complementó Valencia.
El senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno durante los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc, afirmó que apoya el gobierno en su propósito de alcanzar la paz.
Comentó que su visión sobre este proyecto es positiva. "Desde el punto de vista jurídico, ni el derecho internacional humanitario ni la propia ley 418 exigieron el reconocimiento político (...). En ese sentido el gobierno tiene razón, el reconocimiento político no es una exigencia".
Complementó que el Gobierno enfrentará un enorme desafío a la hora de abordar diálogos con grupos distintos a las tradicionales guerrillas.
"Jurídicamente no habría problema, pero el desafío que generará implicará mayor sensatez por parte del Gobierno", agregó De la Calle, a propósito de lo que puede significar para la opinión pública.
Y sobre la traición a la paz de Iván Márquez y Jesús Santrich, dijo que fueron desleales con sus compañeros guerrilleros y con quienes estuvieron en La Habana. Por eso dijo, de manera enfática, que con Iván Márquez y la segunda Marquetalia no hay nada para negociar y lo único que se debe hablar con él es sobre su sometimiento.
EN DESARROLLO...