Ley humanización penal: mantienen delitos de incesto e inasistencia alimentaria

Este martes se radicó la ponencia que discutirá las Comisiones Primera de Cámara y Senado sobre el proyecto de “humanización del sistema penal”, una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro y que ha sido impulsado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

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Ante la polémica por la propuesta original, se quitaron del texto los artículos que eliminaban lo delitos de incesto, inasistencia alimentaria e injuria y calumnia. En un primer momento, el Gobierno justificó estas medidas bajo la premisa de que se debía descongestionar el sistema penal y que algunos de estos delitos no tenían muchas judicializaciones para mantenerlos en el sistema penal colombiano.

Sin embargo, esta propuesta no gustó en algunos sectores. En el caso del incesto y la inasistencia alimentaria, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se opuso a que fueran eliminados. Calificó a ambos artículos como una forma de proteger a los menores de edad.

En el primer caso, señaló que es la única forma de proteger a los menores entre los 14 y 17 años ante posibles relaciones abusivas con familiares. En el segundo caso, se expuso que la "cárcel" es el único medio disuasorio que se tiene en varias ocasiones para que un padre de familia se haga responsable económicamente de sus hijos. 

Este último argumento fue escuchado por los ponentes, que en el texto a discutir expresaron que mantenían el delito de inasistencia alimentaria puesto que "el delito de inasistencia alimentaria se pretende proteger a niñas y niños y otras personas en condición de vulnerabilidad del incumplimiento de obligaciones por parte de los deudores, y que esta es una conducta que afecta principalmente a las mujeres".

El texto radicado este martes trae otra gran modificación y es eliminar el artículo 22 del proyecto que buscaba evitar que se aplicara el delito de concierto para delinquir como una forma de criminalizar la protesta social. Los ponentes justificaron el cambio en que el problema es de criminalización secundaria y que este artículo puede generar el “riesgo de instrumentalización de la protesta para cometer delitos bajo una expectativa de impunidad”.

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Los cambios que recibe la ponencia para primer debate incluye el ajuste de permisos de salidas por 72 horas y fines de semana. El nuevo texto excluye de este beneficio a “a las personas condenadas por delitos de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y otras graves violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

La ponencia también busca que se obligue al Inpec a que revise cada dos años los reglamentos de las cárceles del país. A esto también se le agregó que “se promoverá la participación de la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos y de actores institucionales competentes en las fases de diseño, y socialización”.

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Como el proyecto le apuesta a la prisión domiciliaria como una forma de descongestionar las cárceles, se añadieron artículos para que se garantice la implementación de tecnologías para “reforzar los controles de la privación de la libertad domiciliaria”.

Entre los otros cambios entre el proyecto original y la ponencia está un nuevo artículo que pretende entregarle facultades extraordinarias al presidente para “suprimir, fusionar, modificar y/o determinar la estructura, organización y funciones de las entidades adscritas al Ministerio de Justicia y el Derecho que hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario”.

Juan Sebastián Lombo 

REDACCIÓN POLÍTICA