La representante Katherine Miranda denunció que hay un hueco de 8 billones en el presupuesto general de la nación que se está estudiando y que esto puede terminar rompiendo la regla fiscal. La congresista de la Alianza Verde prendió las alarmas, puesto que el Ejecutivo estaría contando con recursos que no son seguros. En diálogo con EL TIEMPO, la representante ahondó su denuncia y cuestionó la forma en que el gobierno está abordando el tema del presupuesto y su ejecución.
¿Por qué usted denuncia que hay un "hueco" de 8 billones de pesos en el presupuesto general de la nación?
Las alertas las venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, desde que se presentó el marco fiscal de mediano plazo. Este gobierno tiene unas ambiciones muy grandes, absolutamente válido, pero no tienen los ingresos reales para cubrir en el presupuesto esas intenciones. Entonces las denuncia que hacemos es que es mayor el gasto proyectado que los ingresos que va a recibir el próximo año. El presupuesto está desfinanciado, pero lo más grave es que se rompe la regla fiscal con unas duras consecuencias en el ámbito internacional.
¿A qué hace referencia cuando dice que el gobierno está fundamentando su propuesta e recursos que no son seguros?
Dentro de los ingresos que va a recibir la nación hay un rubro de 15 billones de pesos que supuestamente llegarían por litigios de la Dian. Estos litigios se demoran alrededor de 8 años para que le generen ingresos a la nación. El gobierno hace cuentas alegres y espera recibir 15 billones para el próximo año por esos litigios. La única forma de acelerar esos litigios es con un proyecto de ley en el Congreso para reducir los tiempos y el debido proceso que tienen los ciudadanos y las empresas. Ese proyecto no se ha radicado, entonces es poco viable que se reciban esos 15 billones el próximo año. Es muy grave. Lo máximo que podríamos decir es que el próximo año se recojan unos 7 billones de pesos por este rubro. Aún hay 7 billones de pesos que están en el limbo y no vamos a tener. Por eso digo que está desfinanciado el presupuesto y lo más grave es que rompe la regla fiscal.
Pero, ¿y eso qué implicaciones tiene?
El problema es que estos recursos entran por una única vez en la vida y el gobierno pretende un pago de unos gastos constantes y en aumento en los próximos años. No hay una realidad que pueda mostrar que se van a cubrir los costos. Voy a poner un ejemplo, es como cuando alguien se gana un chance de 200.000 pesos y quiere comprar un celular. Con esa plata se puede pagar la primera cuota, pero, ¿cómo van a pagar las cuotas venideras? Eso es lo que está haciendo el gobierno y rompe la regla fiscal. Eso da unas calificaciones a las centrales de riesgo muy malas y puede ser peligroso para la macroeconomía del país.
El ministro Bonilla ha dicho que la línea es seguir cumpliendo con la regla fiscal, pero según su denuncia, ¿no se está cumpliendo este objetivo?
No se está cumpliendo el objetivo, están siendo irresponsable en el aumento del gasto. Históricamente, el aumento del gasto ha sido alrededor del 4 por ciento, y eso con reformas tributarias bastante agresivas. En este año, el aumento por parte del presidente Gustavo Petro es del 9 por ciento, cuando no tenemos unas fuentes de financiación absolutamente claras. Es que no es solo los litigios. En el presupuesto dicen que hay 13 billones de pesos que se obtendrán de la lucha contra la evasión. Pero eso significa que esos recursos no son claros que van a ingresar a las arcas de la nación. Es que solo basta mirar que la Dian pidió en la adición presupuestal unos recursos para luchas contra la evasión y el gobierno no se lo dio. Es una disparidad entre lo que dice el gobierno y las proyecciones de la Dian. Todo eso suma 25 billones de pesos de dinero que no está seguro y eso nos puede poner en serios aprietos en el cumplimiento de la regla fiscal.
El gobierno ha prendido alertas en ejecución, ¿cómo entra esto a jugar en la aprobación del presupuesto de este año?
La alerta no es solo la mala ejecución del gobierno. Es que la gente no se ha dado cuenta de que este año tenemos ley de garantías. Eso implica que el gobierno no va a poder ejecutar muchos recursos de acá a finales de octubre. Entonces le quedarán dos meses para hacer una ejecución responsable de todo el presupuesto. Este martes vimos que hay sectores con un rezago importante, como la agricultura, y, si las cosas siguen como van -una desaceleración de la economía-, lo que vamos a ver es un recaudo muchísimo menor, lo que significa menores impuestos. Sumando a las cuentas alegres del gobierno, es una profunda irresponsabilidad con el país.
El senador Efraín Cepeda ha dicho que van a castigar a aquellos ministerios donde encuentren que la ejecución es menor a la esperada. ¿Cómo entran ustedes ahí?
Antes de eso, quería referirme a la advertencia del presidente al gabinete que se conoció ayer. Yo no sé qué es más irresponsable: castigar al ministro sacándolo de la cartera y meter uno nuevo que no tiene ni idea y que va a llegar a aprender o mantener al ministro que no ejecuta. Lo que estamos viviendo una crisis de una magnitud enorme porque ni siquiera sabemos el nombre de los ministros. Los están cambiando cada dos días y eso no permite una continuidad en la ejecución y en las políticas delos sectores.
Bueno, y a lo que dijo el senador Cepeda sobre castigar en el presupuesto a las carteras que no ejecuten...
Hay que hacer una alerta muy grande y es que el debate no ha empezado. Perdimos la primera oportunidad de devolverle el presupuesto al gobierno porque se venció el plazo este martes. No ha llegado el presupuesto a las comisiones económicas. No se ha podido debatir y es que ni siquiera se han designado los ponentes. El presupuesto es absolutamente rígido y hay unos tiempos definidos por ley donde uno tiene que ajustarse a esos tiempos. Lo que yo veo es que el gobierno pretende que se pupitree el presupuesto. Hay que hacer un llamado para que baje el presupuesto a las comisiones porque ya perdimos el primer momento para devolver el presupuesto. Hay que hacerle ajustes y el gobierno debe entenderlo.
¿De quién es la responsabilidad de que no haya llegado el proyecto a las comisiones y que se perdiera la primera ventana para devolverlo?
El gobierno le echa la culpa a las presidencias del Congreso porque ya fue radicado. Todos se tiran la pelota, pero lo clave es que tenemos tiempos claros por ley y que no se están cumpliendo. No vamos a poder debatir el proyecto juiciosamente. Supuestamente, tenemos tiempo de aprobar en comisión hasta el 15 de septiembre y no a hoy, 16 de agosto, no hemos tenido la primera reunión como comisiones económicas para empezar las discusiones. La ley orgánica de presupuesto dice que el proyecto debe estar aprobado del todo para el 20 de octubre y no hemos siquiera empezado la discusión. Necesitamos apretar el acelerador.
¿Hay un plan tortuga?
No veo un plan tortuga. Pero es que hay una coyuntura que es innegable, no la justifico porque estoy trabajando en el Congreso en este momento, pero es que para algunos congresistas las elecciones son prioridad. Yo creo que debemos colocar en la balanza y entender que Colombia quiere que les respondamos y cumplamos con nuestro deber.
Para retomar y de paso cerrar, ¿qué solución propone al gobierno para superar ese hueco que usted denuncia?
Al gobierno no le va a gustar esto, pero el gobierno debe entender que no puede gastar más de lo que tiene. Lo que hay que hacer es ajustar el incremento del gasto. Pasar del 9 por ciento al 4 por ciento. Deben ser responsables. Igual aumenta el gasto, pero se mantienen las calificaciones en las centrales de riesgo internacionales. O sino el Congreso entrará en su tarea de recortar.