Los escenarios para el Gobierno tras el frenazo de la reforma de la salud en el Senado

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Su deceso equivaldría a la mayor derrota política sufrida por el presidente Gustavo Petro desde que asumió el poder el 7 de agosto de 2022. Eso explica la vehemencia del mandatario al hablar de los supuestos pasos por seguir: “La asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”, dijo en la noche del viernes.

Previamente, en la Casa de Nariño, sentenció sobre la reforma de la salud: “Para nada vamos a retirarla” y le endilgó la responsabilidad al Legislativo.

“El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundirla. El sistema actual no es sostenible, punto. La mayoría de las EPS incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos. Así que el Gobierno entra a actuar. El inri va a quedar sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma de salud cuando más se necesitaba. Allá él. Pero la reforma de la salud es absolutamente imprescindible porque hay por lo menos 35 billones de pesos perdidos y este gobierno no va a dejar perder el dinero público”, aseguró Petro.

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En el otro lado, las EPS y muchos expertos en el tema de salud sostienen que el Gobierno está usando su posición dominante para asfixiar el sistema y presentarlo como fallido. Y también le reclaman porque ahora supuestamente está buscando consensos, cuando a lo largo del último año lo que ha hecho el Ejecutivo es imponer su propuesta.

La postura del Presidente fue bien entendida tanto por los cargos claves del Gobierno, que de inmediato empezaron a buscar cómo darle oxígeno al proyecto, como por los opositores, que consideran que lo construido en el sistema en las tres últimas décadas no puede ser arrasado.

Por eso, los días por venir son cruciales. Tanto en esta semana como en la siguiente, que es Semana Santa, el Gobierno se empleará a fondo para revertir la posición de los ocho congresistas, que públicamente han asegurado que se mantienen firmes en la línea anunciada.

Por lo pronto, una primera jugada del Ejecutivo y del Pacto es dilatar la votación en la Comisión VII. “A mí no me van a presionar”, advirtió la senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, ponente, quien tiene la responsabilidad de fijar la fecha para la votación definitiva. “Si hoy tiene los ocho votos y van a estar firmes como lo han manifestado en esa carta, ¿cuál es el desespero? ¿Qué diferencia hay que se discuta la próxima semana o se discuta luego de Semana Santa, como habíamos programado?”, dice.

Así las cosas, la sesión clave debería ser en los primeros días de abril.

En política todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, aún está en la memoria de muchos el recuerdo de la entonces representante a la Cámara Yidis Medina, que en abril de 2008 firmó un documento en el que anunciaba que votaría el archivo del proyecto de reforma constitucional que permitía que Álvaro Uribe Vélez aspirar a un segundo mandato presidencial. En cuestión de días y tras varias llamadas desde Palacio y encuentros con el entonces ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, y el secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, cambió su voto y Uribe fue reelecto.

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Es por antecedentes como esos que los que consideran que la reforma no solo no resuelve los problemas de la salud, sino que, por el contrario, crea nuevas dificultades, piden una votación pronta. Así lo plantearon esta semana en una carta pública 19 exministros y exviceministros de Salud, que solicitan archivar la iniciativa “a la mayor brevedad posible”.

La firma en contra de los ocho senadores (más un anuncio en el mismo sentido) es el más reciente capítulo de un accidentado trámite que hace un año provocó el cisma en el gabinete del presidente Petro, su radicalización y el fin de la aplanadora oficialista que hasta ese momento campeaba en el Congreso. Eso, además de haberse convertido en uno de los principales factores de la polarización que se vive en el país.

Los firmantes son Nadia Blel y Alfredo Marín, del Partido Conservador; Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Norma Hurtado, de ‘la U’; Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y Berenice Bedoya, de ASI. No fue una acción espontánea, sino el producto de varias jornadas de trabajo con las cúpulas de sus respectivos partidos.

Con ellos, la reforma ya tenía siete votos en contra y cuatro a favor (tres del Pacto Histórico y uno de Comunes), por lo que el futuro de la iniciativa quedaba en manos de Fabián Díaz, (Alianza Verde), Ana Paola Agudelo (Mira) y Norma Hurtado, quienes a esa hora estaban indecisos. “El mensaje que queremos enviar es que este es un Congreso que sí escucha a la ciudadanía y que es un Congreso autónomo frente a la agenda del Gobierno (...). Es evidente que se puede hundir”, señaló la senadora Blel en entrevista con EL TIEMPO.

Hacia el mediodía del martes, la senadora de ‘la U’ –partido que fue aliado del Gobierno, pero que precisamente por la reforma de la salud viene marcando distancias con la Casa de Nariño– decidió que no apoyaría la propuesta oficial.

“He tomado la decisión de respaldar la ponencia de archivo de la ley de la salud, siendo consecuente con la responsabilidad adquirida con 50 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Hoy considero que lo mejor es archivar este proyecto, ya que no garantiza el cambio necesario en el sistema de salud de nuestro país. Gracias por su respaldo y confianza”, aseveró la congresista, quien además lidera la ponencia alterna de la reforma pensional. Agudelo, por su parte, le dijo a EL TIEMPO que cuando llegue la hora de votar acompañará “el archivo del proyecto” y aclaró que no firmó porque no hace parte del grupo de ponentes.

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Con la mano en contra, a pesar de todo su poder burocrático, el Gobierno rebarajó cartas. Una primera jugada fue pasar a segundo plano al polémico ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a quien muchos en el Congreso responsabilizan de la virtual muerte del proyecto por su negativa reiterada a escuchar a la contraparte.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se reunió con la senadora Peralta y Alexánder López, el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien desde los días en los que ocupó la presidencia del Senado sostenía que “la reforma de la salud debe pasar”.

¿Qué tiene que hacer el director de Planeación en la discusión de una reforma de la salud? López es un viejo zorro de la política –precisamente por eso fue tan polémica su llegada al DNP, en reemplazo de un reconocido tecnócrata como Jorge Iván González– y conoce personalmente a muchos del Senado, lo que le da margen de maniobra incluso entre los más críticos del Ejecutivo.

Pero por estos días, además, los alcaldes y gobernadores están en la discusión de sus planes de desarrollo y una buena articulación con el DNP les asegura mejores resultados. Si bien los congresistas por la ley de bancadas deberían actuar bajo la directriz de sus partidos, también es cierto que para cada uno de ellos es muy tentador unas mejoras para sus regiones, que es al fin y al cabo donde están sus votos.

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La estrategia del Gobierno es la de mostrarse dispuesto al consenso. “El Gobierno defenderá en la Comisión y el Congreso asumirá el costo político de aprobar o archivarla”, dice el ministro Velasco. Los analistas consideran que lo que el Gobierno busca es saltar este obstáculo de la Comisión VII para que el texto pase a plenaria. Allí, o incluso en la eventual conciliación con el texto de Cámara, la ‘mermelada’ podría darle oxígeno de la versión original, la más radical, que viene desde la época de la ministra Corcho. El lunes, por lo pronto, habrá un desayuno con la Comisión VII en pleno en la Casa de Nariño.

El nuevo discurso del consenso es una vía. Pero, como se vio el viernes en Cali, el Gobierno también está dispuesto a convocar a sus bases a la calle para volver a generar presión sobre los otros poderes. Y hasta intentan recusar a algunos de la oposición en la Comisión para tratar de desbaratar la nueva mayoría en contra.

Mientras tanto, como ya lo había advertido el propio jefe de Estado, el Gobierno buscará aplicar por decreto cambios contemplados en su reforma, como el propuesto de enviar parte del pago que las EPS reciben cada año por cada afiliado para financiar los Centros de Atención Primaria, con lo que se podría ahondar la crisis financiera de las prestadoras. Es una vía que funciona a corto plazo para apretar, pero que en todo caso quedará sujeta a demandas ante el contencioso istrativo, que ya en varias ocasiones recientes le ha corregido jurídicamente la plana al Gobierno.

¿Y cuál será el escenario si a pesar de todas las movidas del presidente Petro y sus alfiles, los senadores se mantienen en su palabra y la reforma se hunde definitivamente? Los analistas consultados por este diario señalan que sería una gran derrota política –similar a la de las elecciones regionales de octubre del año pasado– para el Ejecutivo que, además, podría extenderse a otros proyectos considerados claves por la Casa de Nariño.

La mayor duda está por el camino que decida seguir el Presidente cuando su mandato se acerca ya a la mitad. ¿Se radicalizará en el discurso y la gestión? ¿Le abrirá por fin espacio al acuerdo nacional, que en lo político no despega como sí lo ha hecho en el diálogo con grandes líderes empresariales del país?

Lo que parece claro es que lo que queda de legislatura podría ser la última ventana de oportunidad para el Gobierno para sacar adelante sus grandes proyectos. Tradicionalmente, en Colombia, la iniciativa legislativa a partir del tercer año la toma el Congreso en detrimento de los proyectos oficiales. Y hay pocos indicios de que, como se muestran hoy las cosas, esa historia vaya a cambiar con el gobierno Petro.

ARMANDO NEIRA - EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO - En X: @Armandoneira