Luces y sombras de la reforma política que avanzó en la Cámara y ahora tendrá una contrarreloj en el Senado

El segundo intento del Gobierno de transformar el sistema electoral colombiano sigue con vida. Este miércoles la reforma política superó una dura prueba en la plenaria de la Cámara de Representantes donde no obstante a la intención de la oposición de dilatar la discusión, la iniciativa oficial fue aprobada con 90 votos a favor. 

Pero ahora se viene dos nuevos nuevo desafíos. El primero, consolidar las mayorías en la siempre dura Comisión I del Senado, de la que hacen parte algunas de las principales voces de la oposición -María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y David Luna- y donde la Casa de Nariño ha sufrido varias derrotas. Allí fue donde se hundió la primera reforma política que impulsaba el expoderoso senador Roy Barreras, entonces presidente del Senado.

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El segundo es más complejo todavía. Se inicia una contrarreloj, pues el acto legislativo debe superar dos debates más antes del 16 de diciembre o se hunde por falta de trámite. La estrategia de la oposición, como ha sucedido con otras reformas, sería dilatar y buscar el archivo.

Y en el Gobierno son conscientes de este desafío. Este miércoles el ministro del Interior Juan Fernando Cristo le pidió a la Cámara de Representantes votar el proyecto y no dilatar más una discusión que se ha intentado por años en Colombia pero el Congreso por falta de voluntad política no ha querido dar, dijo el funcionario, quien es el gran arquitecto del acto legislativo .

"Me preocupa que cada vez que se plantea una reforma política aparezca que no hay voluntad política del Congreso para reformar la política y que hay una especie de bloqueo institucional desde hace mucho tiempo", le dijo Cristo a la plenaria. Además, para agilizar la discusión, se comprometió a liderar mesas técnicas en enero y febrero para llegar a consensos de cara a la segunda ronda del proyecto que en total debe superar ocho debates.

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El Gobierno argumenta el gobierno del presidente Gustavo Petro que, según la Casa de Nariño, busca combatir el clientelismo y la corrupción electoral. Pero hay serias dudas sobre la conveniencia de transformar el sistema político en este momento y más cuando el articulado propone una transformación al sistema de elección del Consejo Nacional Electoral (CNE). Algunas voces del Congreso han cuestionado que la propuesta de modificar el sistema del tribunal electoral venga del Ejecutivo cuando se está investigando la campaña del presidente Petro por presunta violación de los topes electorales.

El proyecto plantea que el Congreso elija a los magistrados del CNE, tal y como sucede actualmente, pero los candidatos serán elegidos por convocatoria pública y no postulados por los partidos políticos. Se busca que los elegidos estén por un periodo de seis años y se deja claro que no podrá aspirar "quien haya ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o haya aspirado u ocupado cargos de elección popular en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de inscripción a la convocatoria pública". Y se deja claro que dos años después de salir del tribunal electoral no se podrá ocupar cargos en partidos, ni ser ministros ni postularse a cargos de elección popular. 

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Y si bien la oposición no está del todo en contra de este cambio, consideran que no es el momento idóneo. "Es altísimamente inconveniente que sea el Gobierno actual el que esté proponiendo modificaciones del CNE cuando se encuentra inmerso en una investigación de carácter formal", opinó el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid.

Otro punto sensible de la reforma es la obligatoriedad de que los partidos presenten listas cerradas a concejos, asambleas y Congreso. Estas listas, que comenzarían a aplicar en 2030, deben ser paritarias, en cremallera (mujer, hombre, mujer, hombre...) y para definir el orden de los candidatos debe de haber una consulta interna en los partidos. 

"Las listas cerradas solo fortalecerían el caciquismo, limitando el surgimiento de nuevos liderazgos. Como mujer en política, necesitamos garantías de participación", señaló la representante Luz Pastrana, de Cambio Radical.

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El proyecto también contempla la financiación 100 por ciento estatal. Con esto se busca que intereses de privados no permeen los intereses de los funcionarios elegidos por voto popular. La gran duda, sin embargo, es de dónde saldrá la plata. 

"¿Dónde está la plata? ¿Quién garantiza la transparencia? La política de Colombia en manos del Ministro de Hacienda", afirmó Cadavid. Precisamente este miércoles se intentó aplazar el debate mientras se conoce el aval fiscal, pero suspender el debate hubiera significado prácticamente su archivo. 

Las coaliciones son otro tema central de la discusión. Se busca aumentar del 15 al 30 por ciento del umbral de la votación anterior para conformar una, por lo que se habla que esto podría beneficiar a los partidos tradicionales, pero también al Pacto Histórico que como logró una votación superior al 15 por ciento en 2022, en 2026 no puede participar bajo esta modalidad que unió a las principales fuerzas de izquierda en una misma lista. 

"Es así que los grupos significativos de personas no terminarían de nuevo en sus partidos originales sin cumplir su propósito inicial", dijo al respecto el representante Heráclito Landinez, del Pacto Histórico.

Se espera ahora que la Comisión I del Senado nombre ponentes y comience a construir la ponencia del proyecto para su tercer debate. Mientras tanto, el ministro Cristo se está moviendo para garantizar los votos en la cámara alta, donde las mayorías no han acompañado al Gobierno. Sin embargo, con el nuevo ministro del Interior se ha notado un cambio que podría ser el factor diferencial para, en principio, superar la primera ronda. Será en enero cuando se comience a pensar en las mayorías en Cámara, pues los 90 votos de este miércoles no alcanzarán en el 5 debate, donde se necesitará mayoría absoluta.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política