Plan de Desarrollo: la alarma por los artículos de última hora

Cámara y Senado apenas tendrán una semana para discutir, votar, aprobar y conciliar el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por ley, si no se aprueba antes del 7 de mayo, el Ejecutivo está en la potestad de emitirlo por decreto, debido a la importancia de este texto, que es la hoja de ruta para los próximos cuatro años.

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Nunca se ha promulgado un plan a través de una orden presidencial, es casi un asunto de mero trámite que el Congreso le dé el sí y una forma de dotarlo de legitimidad. Nada indica que en esta ocasión sea diferente a lo ocurrido en los anteriores gobiernos. Sin embargo, solo hay cinco días para el trámite y no paran de encenderse alarmas por micos y polémicas propuestas de última hora.

En diálogo con EL TIEMPO, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, resaltó la articulación de todo el texto tomando como eje el agua y que “todo el plan es hecho bajo el enfoque territorial”.

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Lo cierto es que en el trámite de todos los planes de desarrollo siempre aparecen artículos polémicos y este del gobierno Petro no ha sido la excepción.

De hecho, los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo, y Cecilia López, de Agricultura, que acaban de salir del gabinete, dieron más de una pelea para frenar propuestas que el Gobierno o sus congresistas intentaron meter en el plan y que consideraban o lesivas para el país o imposibles de financiar.

Fuentes consultadas por EL TIEMPO recordaron que López llegó a renunciar hace algunas semanas cuando el Gobierno pretendió incluir en el texto una propuesta que facilitaba la expropiación de tierras. En esa oportunidad, ella y Ocampo lograron evitar el ‘mico’.

El debate alrededor de la expropiación se dio cuando se conoció una proposición en la que se introducía un artículo que fue interpretado de este modo, pues consagraba la figura de bien de interés púbico para predios que pudieran ser usados para la reforma agraria y cuyos dueños no quisieran vender. Esto implicaría que el Gobierno puede comprar el predio, así no cuente con el visto bueno del propietario.

Varios sectores interpretaron el asunto como una expropiación velada. Sin embargo, el propio presidente Petro salió a decir que su gobierno no apoya el texto e, incluso, su procedencia. Desde Presidencia aceptaron que la propuesta existió, pero que pasaron a apoyar una enfocada en la “compra voluntaria”. Así mismo, dijeron que el texto era de origen parlamentario.

El autor, el representante Jorge Bastidas, apuntó a que realizó la propuesta de la mano de la Agencia Nacional de Tierras. Incluso, la representante Katherine Miranda, quien dirigió la redacción de las ponencias del PND, afirmó que recibió esa propuesta de las manos de Gerardo Vega, director de dicha entidad. Este no confirmó o desmintió lo dicho, sino que se limitó a decir que no va a haber expropiación y lo que se va a hacer “es compra de tierras para entregarles a los campesinos que no tienen y corregir lo que hay en la norma, para hacerlo más rápido”.

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Pronunciamientos de otros funcionarios, como el director de la SAE, Daniel Rojas, dan a entender que hay cierta afinidad con la propuesta, “mediante venta voluntaria jamás se hará una reforma agraria”. Sin embargo, al final, Jorge Iván González ha dicho que no han avalado ningún artículo parecido a una “expropiación exprés” y todos sus esfuerzos irán a la “compra voluntaria”.

Pero esta no es la única polémica, la ponencia para segundo debate del PND revivió el artículo que crea la agencia nacional de seguridad digital y asuntos especiales, cuyo fin, de acuerdo con la ponencia, es “coordinación, articulación y gestión de los riesgos de seguridad digital en el país”. Para la oposición, este tema prende alarmas pues supuestamente podría servir para espiar o ‘chuzar’.

Estas ideas calaron en los debates en comisiones de Cámara y Senado, tanto que se hundió el artículo que creaba esta nueva entidad. El tema de la seguridad digital y de su posible uso para espionaje fue un eje de la discusión. Por ejemplo, el senador David Luna, de Cambio Radical, insistió en que algunos artículos pondrían en jaque la privacidad digital de los colombianos.

No obstante, organizaciones como Fundación Karisma, expertos en temas digitales, señalan que “la agencia es necesaria”. “Debe existir en mecanismo de respuesta tanto a incidentes como a reportes de vulnerabilidades y que dé línea a quienes gestionan infraestructuras críticas sobre cómo manejar la seguridad de ellas”, dijo Pilar Sáenz, coordinadora del laboratorio de Seguridad Digital de dicha organización. A renglón seguido señaló que en el país “se ha abusado históricamente de las capacidades de vigilancia y lo que se necesita es reformar la ley de inteligencia”, pero no por eso la nueva agencia es sinónimo de “chuzadas”.

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En la oposición también se han cuestionado los artículos que supuestamente habilitan al Ejecutivo para contratar vías terciarias y otros proyectos de alcance local con las juntas de acción comunal. El senador Miguel Uribe le dijo a este diario que “varios artículos permiten evadir la Ley 80 (de contratación) para contratar a dedo con las juntas de acción comunal”. El senador del Centro Democrático calificó esta movida como un intento del Ejecutivo por “crear una base política en las regiones”.

Para el director del DNP, dicha tesis está alejada de la realidad pues las juntas de acción comunal “ya podían contratar de hasta menor cuantía, unos 1.000 millones de pesos, y eso se mantiene”. Además, dijo que en el artículo para contratar con asociaciones público-populares “se mantienen todas las normas actuales de contratación”.

Otro tema polémico es la autorización que se les quiere dar a empresas de gas natural, o sobre las cuales existe situación de control, para que no solo produzcan este hidrocarburo, sino que también puedan participar en la comercialización, transporte, distribución y regasificación. Esto beneficiaría directamente a Ecopetrol.

Esta semana también se conocieron varios artículos que han sido catalogados como micos. Uno de estos entraría a ser un nuevo factor en la discusión de si la primera línea del metro de Bogotá debe ser elevada o bajo tierra. La ponencia para los debates incluyó un artículo para que la Nación pueda cofinanciar más del 70 por ciento de los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo-beneficio establezca esta como la mejor alternativa.

Otro articulado catalogado como mico, pero que ya venía del primer debate y no quitaron, es el que modifica los tiempos de las revisiones técnico-mecánicas, que pasa de seis a cinco años para vehículos nuevos. Esta propuesta ha sido descrita como un intento por favorecer a los Centros de Diagnóstico Automotriz.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Redacción Política

En Twitter: @JuamLombo